La instrucción del caso del presunto fraude en las subvenciones de formación a UGT de Asturias llega a su fin tras cuatro años. Las comparecencias en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo se cerrarán el lunes con un técnico de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuya presencia ha sido solicitada por una de las defensas para que ratifique el informe pericial presentado en agosto de 2018 en el que se calculaba que el dinero indebidamente obtenido por UGT de Asturias y la fundación IFES con los cursos de formación financiados por el Principado entre 2010 y 2014 había sido de 1.462.666 euros como "mínimo". Además ponía en entredicho dos millones de euros obtenidos por el sindicato y sus sociedades vinculadas.
El informe de la IGAE, que parte de las presuntas irregularidades detectadas por las Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil, es una de las piezas claves de la instrucción que las defensas tratan de refutar. Tanto la representación legal de UGT de Asturias como la de la fundación IFES aportaron como periciales sendos informes elaborados por auditores de cuentas que rebaten tanto el informe de la IGAE como el presentado por la Agencia Tributaria, que ponía el foco en el entramado de organismos ligados al sindicato (IFES, Infastur, Localmur y Formación 2020) que participaron en la gestión de cursos, alquiler y dotación de aulas, y suministro de libros.
Tras lograr que esas periciales de parte fueran incluidas en la instrucción, la defensa de IFES también ha conseguido, contra el criterio de parte de las acusaciones, que el autor del informe de la IGAE comparezca ante la juez para ratificar el contenido del documento.
La comparecencia se producirá el lunes y, en principio, será la última de la instrucción de un caso que se inició en diciembre de 2015 con la denuncia de fiscalía por posible fraude en subvenciones. Si finalmente se cierra la instrucción, la propia juez abrirá la fase intermedia del proceso con el fin de determinar si los hechos son valedores de ser juzgados, así como de establecer el órgano que debe conocerlos. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares -el Principado de Asturias, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) y la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall)- deberán formular su escrito de conclusiones provisionales y la juez decidirá si se pasa a la fase del juicio oral.
Entre los investigados en el caso están la propia UGT de Asturias, varios ex dirigentes del sindicato encabezados por el ex secretario general Justo Rodríguez Braga y varios responsables de organizaciones ligadas al sindicato y que participaban en la gestión de los cursos.
