El pasado 7 de abril, el restaurante ovetense en el que trabaja Jorge Fernández como asalariado y del que es también copropietario recibió la notificación de la autoridad laboral del Principado que aprobaba la petición de la empresa para acogerse a un expediente de regulación temporal empleo (ERTE) de fuerza mayor, uno de los mas de 12.000 solicitados en Asturias desde marzo. Transcurridas cinco semanas, "los siete empleados estamos sin cobrar y sin información, no conseguimos que nos cojan el teléfono" en el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), encargado de tramitar y pagar las prestaciones de las personas acogidas a ERTE, casi 60.000 en la región. En la mañana de ayer el número del SEPE en Asturias no daba señal.
El caso que relata Fernández no es excepcional. A tenor de las informaciones recabadas de fuentes empresariales y sindicales y entre los asesores laborales, hay cientos de negocios y miles de trabajadores asturianos en situaciones análogas, con las plantillas sin ingresos, en ocasiones desde marzo, debido a problemas administrativos de variopintos orígenes (errores al comunicar datos las empresas, fallos de coordinación entre administraciones, confusiones por la saturación en los registros telemáticos...) y que dan crédito a esta explicación: la avalancha de ERTE ha desbordado a los servicios públicos y en particular al estatal SEPE, que no habría sido reforzado lo suficiente en estas semanas, según una denuncia sindical.
El número de asturianos afectados por ERTE que están sin cobrar es casi un misterio. La Delegación del Gobierno en la región sí ha informado de que en abril se tramitaron 88.108 nóminas de prestaciones y subsidios, entre las que están las pagas de los parados ajenos a las regulaciones de empleo y que venían cobrando antes del estado de alarma (unos 37.000) y dos tipos de beneficiarios directamente relacionados con la crisis: personas que han perdido el empleo desde marzo y que tienen derecho prestaciones y los trabajadores protegidos por los ERTE.
A escala nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han reconocido que hay 300.000 de los 3,4 millones de trabajadores en ERTE que aún no tienen la prestación reconocida. En esta versión ese grupo equivale al 8,8% del total. Los sindicatos de la función pública CSIF y CC OO han hecho aproximaciones que elevan esa proporción al 20%, sumando las prestaciones pendientes de reconocimiento y las que estarían traspapeladas o paradas por incidencias administrativas (por ejemplo, errores en los números de cuentas bancarias que las empresas deben remitir al SEPE).
En ausencia de datos precisos y oficiales, testimonios recabados entre asesores laborales asturianos dan a entender que la tasa de afectados por el atasco está más cerca del 20% del cálculo sindical que del 8,8% reconocido por el Gobierno. "Hay asesorías que tienen veinte ERTE solicitados y en ocho de ellos los trabajadores aún no han cobrado", expuso un profesional del sector. Y relató que se dan situaciones de empresas con centros de trabajo en Asturias y en el País Vasco o Galicia cuyos trabajadores acogidos a ERTE no cobran aún en el Principado y sí en esas otras regiones
En el caso de Carlos Velázquez, uno de los empresarios asturianos consultados, no se da tal diferencia territorial: "Tengo dos hoteles en Gijón y en León; presentamos la documentación (del ERTE) el 3 de abril y todos mis empleados (nueve) están en el 'limbo' de la falta de tramitación con todas sus consecuencias". Entre ellas, la tensión que se puede generar porque, ante la ausencia de explicaciones del SEPE, los trabajadores pueden llegar a pensar "que la empresa no ha cumplido su parte".
Los funcionarios señalan al Gobierno como responsable por no haber reforzado convenientemente el SEPE, donde parece estar principalmente el cuello de botella de la tramitación. Según datos del sindicato CSIF, la Dirección Provincial del SEPE tiene una plantilla de entre 170 y 180 personas y ha incorporado a 13 eventuales. Es un refuerzo inferior al 8%, cuando la carga de trabajo se ha multiplicado por cuatro, estima la Delegación del Gobierno en Asturias. "Esta situación ha dejado al aire las costuras del sistema", subrayó Luis Miguel López, responsable de CSIF en la Administración General del Estado en Asturias. Añadió que el Servicio de Empleo, con una plantilla cuya edad media es de 58 años, ya era ya un departamento saturado antes del Covid-19 y de la oleada de ERTE.
En un contexto de crecientes protestas por los retrasos en los pagos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta misma semana serán "reconocidas" las 300.000 prestaciones pendientes. A la espera de que se concrete ese anuncio, el ovetense Jorge Fernández y sus compañeros de ERTE (camareros y personal de cocina de un restaurante ovetense) se mantienen en estos días sin paga gracias "al trabajo de las parejas y al apoyo de las familias".
