Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo utilizado masivamente desde marzo para contener los impactos laborales de la crisis del coronavirus, proteger a los trabajadores y aligerar costes a las empresas, encaran cambios de alcance con la entrada en vigor, el pasado miércoles, de una reforma pactada por el Gobierno con los agentes sociales para adecuar los ERTE al retorno gradual de la actividad (desescalada del confinamiento). La norma ha sido recibida con alivio en la medida en que se prorroga (hasta el 30 de junio) un tratamiento excepcional para los asalariados y empresarios afectados, pero también con preocupación y gran confusión sobre aspectos como el nuevo régimen de bonificación de las cotizaciones, la forma de tramitar la reincorporación del personal o el tratamiento que recibirán los negocios que, pudiendo abrir, no lo harán por la certeza de que incurrirán en pérdidas severas.
El Colegio Oficial de Graduados de Asturias confirmó ayer la preocupación que existe entre los profesionales y entres sus clientes ante las dudas que genera la normativa respecto al tránsito desde los ERTE por fuerza mayor, a los que están acogidas en Asturias unas 11.000 empresas y más de 40.000 trabajadores, a la nueva modalidad de ERTE por fuerza mayor parcial, pensada para los negocios que, con la desescalada del confinamiento, vayan a ir recuperando actividad de manera gradual. Son los casos del comercio y de la hostelería. La primera de esas incógnitas que no despeja la literalidad de la norma, según Marcos Martínez, decano de los graduados sociales, es si las empresas quedan o no obligadas a pasar a la situación de ERTE parcial por el hecho de pertenecer a sectores que pueden reabrir, con independencia de que lo hagan o no. El asunto tiene enjundia económica porque afecta a los costes de Seguridad Social.
El testimonio de un hostelero de Oviedo, dueño de un restaurante, ilustra esa situación: su local dispone sólo de tres mesas de terraza, único espacio que es posible abrir al público en la actual fase (uno) de desescalada, y asegura que no puede permitirse reanudar la actividad sólo para esas pocas mesas; sin embargo, dejará automáticamente de tener el beneficio de la exoneración completa de las cotizaciones a la Seguridad Social y pasará a pagar el 40% en mayo y el 55% en junio, si para entonces permanece cerrado. Los hoteles que no abran porque las condiciones de la desescalada lo hacen económicamente inviable estarán en una situación semejante.
"Los clientes nos están planteando muchas situaciones concretas, pero la confusión es tal que no podemos responder con certezas", explica María Victoria González, jurista de Asesorías Turón. Apunta el siguiente problema que puede afectar a muchos comerciantes: los establecimientos que abrieron antes del 13 de mayo (fecha de entrada en vigor del cambio legal) y que reincorporaron a trabajadores acogidos a ERTE no tienen sobre el papel derecho a bonificación en las cotizaciones, mientras que quien lo haya hecho después de la citada fecha accederá a una rebaja del 85% en mayo y del 70% en junio.
Las dudas están muy extendidas sobre aspectos referidos a la reincorporación de trabajadores, los cambios en las cotizaciones y también sobre las formalidades del proceso. El asesor José Alfredo Lloret, de Consultastur, incide por ejemplo en que no está claro cómo se debe proceder para reincorporar a un empleado que entró en un ERTE como contratado a jornada completa para que ahora trabaje con jornada reducida, situación que puede ser muy frecuente porque el retorno del actividad va a ser necesariamente progresivo en muchos negocios y sectores.
