Doce de los inquilinos habituales o esporádicos -nueve hombres y tres mujeres- que durante los últimos cinco años mantienen ocupado de forma ilegal el edificio de la plaza del Presi (en la calle Carmen, 1) declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón como acusados de un delito de usurpación después de la denuncia de la propietaria del inmueble, que no ejerce acusación. No obstante, como uno de ellos ya había sido condenado por el mismo delito, la Fiscalía solo mantuvo los cargos contra los otros once, a los que pide cuatro meses de multa a razón de tres euros al día, es decir, 144 euros para cada uno de ellos.
En la sala de vistas, muy concurrida, se concentraron varios de los inquilinos que durante estos años han estado entrando y saliendo del edificio, todavía ocupado y sin puerta. Junto a ellos estaban otras tres personas para ejercer de intérpretes de búlgaro, polaco y francés ante el amplio abanico de nacionalidades que se sentaron en el banquillo.
Todos ellos tienen en común los escasos recursos económicos, la carencia de medios y la ausencia de una residencia fija. Uno tras otro, representados por abogados de oficio, fueron relatando sus experiencias vinculadas al inmueble en cuestión, foco de conflictos en los últimos años que no pocas ocasiones denunciaron el resto de vecinos y hosteleros de la zona. Algunos de los declarantes reconocieron que habían estado "en estancias prolongadas", y otros que "apenas" habían pasado "un par de noches". "Yo solo estuve una noche, que fue cuando vino la policía a identificar a los que estábamos allí en ese momento, pero ahora vivo en el albergue", apuntó uno de los encausados, natural de Mali.
Este acusado no fue el único en apuntar, y demostrar con certificados, que en la actualidad se encuentra atendido gracias a los servicios sociales, con plaza en el albergue. No obstante, todos coincidieron en señalar que de la misma forma que ayer fueron once los acusados, bien podían ser veinte o treinta más en el banquillo. Una versión en la que coincidieron también los dos agentes de la policía que declararon ante la jueza, y la denunciante, a la sazón dueña de la vivienda. El porqué de esta afirmación es que unos y otros son conscientes del "entrar y salir" de personas a diario durante los últimos cinco años, desde que lo okuparon en 2015, cuando ya casi estaba en condiciones para entrar a vivir.
Visto para sentencia
Tal es la situación de idas y venidas de los okupas que la propietaria de la vivienda, que asegura que lleva "desde 2015 intentando echarles", solo pudo reconocer a cinco de los acusados. Esta mujer afirma que ha tratado de llegar a acuerdos con ellos -a punto estuvieron de irse el 13 de junio, pero se frustró el pacto-, suplicando al Ayuntamiento, a la Policía y al Juzgado. Pero sin éxito alguno.
Las defensas de los once implicados solicitaron ayer la libre absolución de sus representados para el delito de usurpación. También expusieron que en el caso de sentencia condenatoria -el juicio quedó visto para sentencia- apelaban a reducir el importe de las multas ante la precaria situación que atraviesan los procesados de ayer. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
