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Defensa niega ahora que Oviedo tenga derechos sobre la fábrica de La Vega

El protocolo firmado es sólo una declaración de intenciones que permite al Ministerio cobrar dos veces, alerta el secretario municipal

El futuro de La Vega se tuerce por momentos. Cuando los planes del Alcalde para suscribir un protocolo con Defensa sobre la forma en que la vieja fábrica de armas podría volver a manos municipales, sendos informes, del propio Ministerio y del secretario municipal han venido a sembrar nuevas dudas sobre el proceso. Desde Madrid, el Director General de Infraestructura del ministerio acaba de negar en una resolución todo derecho de reversión de los terrenos a Oviedo. En Oviedo, el secretario Jesús Fernández de la Puente ha emitido un informe en el que, por una parte, rebaja la importancia del protocolo a "mera declaración de intenciones" y, por otra, alerta de algunas lagunas en el texto que podrían permitir a Defensa beneficiarse de "un doble aprovechamiento" urbanístico en la operación.

Uno y otro informe van, en realidad de la mano, pues es el propio secretario el que había reclamado conocer el resultado de la petición formal de reversión de los terrenos que el Ayuntamiento pidió a Defensa el 20 de junio de 2018. La respuesta que da ahora Madrid es, en realidad, muy parecida a la que ya se había filtrado hace meses, procedente, aquella vez de los asesores jurídicos del Ministerio. En síntesis, Defensa mantiene que en virtud de la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, habiendo pasado más de 30 años de cesión de los terrenos para una fábrica de armas y no habiéndose incumplido esta cesión puesto que ni se han desafectado los terrenos ni se han enajenado, la propiedad sigue siendo un bien de dominio público de titularidad del Estado afecto al Ministerio de Defensa. Por todo ello, el Director General de Infraestructuras, José Francisco Pérez-Ojeda, acuerda "no reconocer el derecho de reversión de la propiedad solicitado por el Ayuntamiento".

De alguna manera, la nueva insistencia en esta posición choca con los acuerdos que el equipo de Gobierno municipal había alcanzado en Madrid con el anterior ejecutivo nacional, siendo entonces ministra María Dolores de Cospedal (PP) y todavía no Margarita Robles (PSOE). En aquellas conversaciones se suponía que Defensa había reconocido, al menos, 8.000 metros cuadrados en el recinto fabril.

La cosa se complica cuando el protocolo que ahora se está negociando establece que para entrar en detalles habrá que firmar un convenio de colaboración. El secretario municipal alerta, después de exponer la respuesta que acaba de dar Defensa negando derechos en la fábrica, que antes de llegar a este punto tiene que resolverse la existencia o no de un derecho municipal de reversión. El propio protocolo también señala que "la valoración final del inmueble deberá ser aceptada por ambas partes" y que "ello supondrá que el Ayuntamiento resolverá los expedientes que tiene abiertos en este ámbito".

Cobrar dos veces

El secretario también apunta otras lagunas o incógnitas del texto que se pretende aprobar. Por ejemplo, Defensa incluye una cláusula en la que se reserva durante 10 años el 50% de las plusvalías que pudiera generar el suelo de La Vega si éste se recalificara". Para el secretario no queda claro si esta posibilidad va encaminada a compensar a Defensa o si, al contrario, es una prima que el ministerio podría activar al margen de sus compensaciones, lo que, concluye, "supondría un doble aprovechamiento".

Más dudas. El secretario también se pregunta qué precio tendrá que pagarse por usar la zona de la capilla y la nave del claustro, como ofrece Defensa . "No se concretan las cargas concesionales que asumirá el Ayuntamiento ni si estará exenta de canon", concluye.

Aunque el secretario no pone reparos al protocolo, reitera sus observaciones e insiste en que el documento es "una mera declaración de intenciones que no implica compromisos de carácter obligacional" para ninguna de las partes. En otras palabras, un papel mojado. En la cuenta atrás para el inicio de la campaña electoral y con una lucha interna entre los socios que cada día resulta más cruenta (como se vio ayer mismo en el debate sobre el área central) el protocolo en el que el alcalde Wenceslao López ha empeñado buena parte de su mandato podría acabar explotándole en la cara en la recta final.

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