El TSJA embarga al Ayuntamiento de Navia por el impago de 435.813 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decretado el embargo de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Navia ante el incumplimiento reiterado del pago de 435.813 euros, más intereses, a un particular, Javier Gómez González. A tal cantidad el demandante tendría derecho como fruto de un convenio firmado con el Consistorio años atrás. La sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha requerido al secretario del Consistorio naviego para que le remita un listado de los bienes patrimoniales con un valor superior a 480.000 euros, al tiempo que ha advertido al funcionario y al alcalde, el socialista Ignacio García Palacios, de las consecuencias jurídicas que el incumplimiento del fallo conllevaría.

El demandante, representando por el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, firmó en su día con el Ayuntamiento un convenio mediante el cual obtendría, por cesión, unas fincas. Pasado el tiempo y al ver que el Consistorio no cumplía su parte, Javier Gómez González optó por reclamarlas judicialmente. En mayo de 2005 se produjo la primera sentencia favorable al demandante, que el Ayuntamiento recurrió. Así las cosas, el particular reclamó en 2007 la ejecución de la sentencia y en mayo de ese año el TSJA volvió a requerir al Consistorio de Navia para que efectuase el pago de los 435.813 euros (más intereses) en un plazo de 20 días. Entonces el tribunal ya advirtió de las consecuencias legales que el incumplimiento del fallo conllevaría. En Navia volvieron a recurrir sin éxito. Según el letrado Raúl Bocanegra, el Ayuntamiento ha empleado hasta la fecha todo tipo de «subterfugios, legales e ilegales» para eludir el pago. Tras una nueva reclamación, en abril pasado el TSJA decretó el embargo de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento para reponer al demandante la cantidad a la que tiene derecho. Tras un recurso municipal, el fallo fue ratificado días atrás en todos sus términos por el TSJA. Bocanegra sostiene que es una de las primeras sentencias que recoge el embargo a un ayuntamiento asturiano por tal cuantía.