Navia, A. M. SERRANO

El Ayuntamiento de Navia empezará a aplicar este año de nuevo el impuesto de plusvalías, sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, si bien se aplica en la mayoría de los Consistorios. En Navia, el impuesto fue derogado por el anterior gobierno, del PP, en 1994, cuando era alcalde Manuel Bedia.

La nueva medida -que grava al propietario de una vivienda cuando decide venderla- obedece a un criterio de «justicia contributiva», en palabras del alcalde, el socialista Ignacio García Palacios. El PP ha puesto el grito en el cielo, descontento con la nueva medida. Pero el gobierno defiende su puesta en marcha asegurando que lo que se grava es la revalorización de las propiedades urbanas en zonas donde las obras de la administración pública han influido para que se incremente su precio en el mercado. «Con esta impuesto el Ayuntamiento no se va a enriquecer nadie, pero es un mecanismo previsto por ley para que pague el que más tiene. No inventamos nada nuevo», indicó García Palacios. El Alcalde advirtió de que se aplica en la mayor parte de los ayuntamientos, y en Navia «debería estar ya aprobado». El gobierno socialista trata, de esta forma, de restar importancia al nuevo gravamen. El Alcalde explica que las cantidades a pagar se aplican conforme a un baremo que mide cuánto se ha revalorizado el terreno en los últimos años. «Si una casa se vende por 300.000 euros, se pagan en torno a 1.200 de media», indicó el regidor. «Este impuesto tiene su lógica porque la persona que tiene dinero para pagar esa propiedad, tiene que contribuir», añadió.

Sin embargo, el PP considera que tiene sólo una finalidad. «Forma parte de las políticas socialistas de subir los impuestos para cubrir el déficit causado por su nefasta gestión económica y por una falta de política de ahorro económico», criticó Roberto Santiago.

Los populares aseguran que se deberían recortar gastos del Ayuntamiento, para así contener los impuestos y la presión fiscal sobre los ciudadanos.

«Las retribuciones del Alcalde y de las concejalas liberadas deberían descender en el mismo porcentaje que los de los gobiernos nacionales y autonómicos, es decir, en torno a un 15%. El coste anual de estas retribuciones alcanzan los 100.000 euros. Pero optan por asfixiar aún más las economías domésticas y poner una losa más encima del sector inmobiliario si no tenía ya poco encima», añade Santiago.

El impuesto se prevé aprobar el próximo lunes en sesión plenaria, gracias a los votos del equipo de gobierno (PSOE e IU). El PP asegura que se opondrá a la medida. «Estas políticas socialistas gravan a las clases medias de nuestro municipio», indica Roberto Santiago. El presidente de los populares naviegos, que también es coordinador del PP en el Occidente, entiende que «las propiedades simbolizan el esfuerzo ahorrador de nuestros padres o de nosotros mismos para crear un patrimonio humilde que dejar a nuestros hijos».

El impuesto es una de las medidas que ha estudiado el Gobierno local para hacer factible la participación en el erario público de las grandes adquisiciones patrimoniales. El Alcalde naviego aclaró ayer que, de este forma, «se hace pagar y contribuir a las arcas públicas a aquellos que están especulando con las viviendas». El nuevo gravamen para Navia sólo se aplicará en terreno urbano.