Cangas del Narcea,

Pepe RODRÍGUEZ

Izquierda Unida acusa al Alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, de carecer de voluntad política para levantar la residencia de mayores del Reguerón. La diputada regional, Noemí Martín, acudió ayer a la villa canguesa y, arropada por el anterior alcalde del municipio, José Manuel Martínez, y demás miembros del grupo de IU de Cangas, arremetió contra el actual alcalde: «parece que se preocupó más sobre si el suelo era el adecuado o no que de ir a presionar a la Consejería para que se hiciera la obra. Se pueden decir muchas cosas, tergiversar la realidad, pero los hechos son los hechos».

Martín se refirió así a que fue ella, como consejera de Asuntos Sociales del anterior gobierno regional, y Martínez, como alcalde cangués, los que acordaron construir el centro de mayores en El Reguerón. «Ahora hay gente que quiere hacer ver que fue una promesa vana pero, de nuevo, los hechos son los hechos: creamos partidas presupuestarios tanto en el año 2010 como en el 2011, esta última de 2.140.000 euros. Es más, la obra se inició. La voluntad política se demuestra así».

Los trabajos se paralizaron por problemas de la empresa adjudicataria, según explicaron los miembros de IU, y el contrato se rescindió en agosto del año 2011. El Gobierno regional actual no presentó nunguna partida para esta infraestructura en sus presupuestos del 2012, finalmente rechazados, algo que Martín entiende como «una evidente ausencia de interés por esta obra».

Además del centro de mayores, el proyecto contemplaba la unificación de oficinas del gobierno regional, desperdigadas por otros edificios de Cangas, y la creación de un hospital de día y de una unidad de discapacidad. Se crearían del orden de 100 puestos de trabajo.

Los miembros de IU también negaron que el suelo tuviese ningún problema, tal y como ha denunciado la empresa adjudicataria, Hermanos Béjar, que se quejó de no haber recibido el terreno en las condiciones legales necesarias. Fue Martínez quien negó ese extremo: «el terreno pertenecía al registro de la propiedad y al registro de bienes del Ayuntamiento, y estaba avalado por la consejería de Hacienda, además de por la de Asuntos Sociales y los propios sevicios jurídicos del Ayuntamiento».