Avilés, M. PÉREZ
La juez del Juzgado de lo penal número uno de Avilés dejó ayer visto para sentencia el juicio a una empresaria de Taramundi acusada de manipular facturas para justificar una subvención de 175.000 euros de fondos europeos que recibió en 2005. La acusada, que responde a las iniciales V.R.R., no reconoció los hechos en su declaración en la vista oral. «No alteré las facturas», aseguró. Su abogado, Guillermo Sánchez, apeló a la presunción de inocencia y explicó que en el proceso «no quedó acreditada» la causa que habría impulsado a la mujer a cometer la supuesta falsificación de la que se le acusa. Por su parte, el ministerio fiscal matizó que «no se trata de ver si la acusada ha obtenido o no beneficio, sino de ver si manipuló las facturas. Ese es el objeto del enjuiciamiento», apostilló la fiscal del caso, que elevó a definitivas las conclusiones del escrito de calificación, en el que especifica que la acusada «manipuló cuatro facturas a sabiendas de su falsedad».
En la vista oral celebrada ayer en Avilés comparecieron en calidad de testigos dos proveedores de materiales que aseguraron no reconocer las facturas supuestamente emitidas por sus respectivas empresas y que fueron presentadas por la acusada ante los organismos oficiales para justificar la subvención. Por su parte, la defensa cuestionó las facturas, al asegurar que la documentación aportada «son fotocopias, no originales».
La fiscal solicita en su escrito de calificación una condena de 21 meses de prisión y el pago de una multa de 3.240 euros para la acusada, al considerar los hechos constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil. La defensa explicó que, de resultar condenada, V.R.R. se vería obligada a cerrar su negocio de restauración en Taramundi al tener que devolver la subvención.
