05 de diciembre de 2012
05.12.2012
 
Repercusiones del proyecto minero de Astur Gold
 

El Principado afronta una sanción por difundir quiénes alegaron contra los sondeos en Tapia

La Agencia de Protección de Datos investiga una supuesta infracción grave por la revelación pública de los nombres y los domicilios de 356 particulares

05.12.2012 | 01:00

Tapia de Casariego,


T. CASCUDO


El gobierno regional se enfrenta a una sanción de entre 40.000 y 300.000 euros por haber vulnerado la Ley de protección de datos al revelar los datos personales de quienes alegaron, en el período de información pública, en contra de una de las campañas de sondeos mineros que Astur Gold promovió en Tapia. En diciembre de 2011, durante el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, el Principado publicó en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) el nombre y el domicilio de 356 particulares que presentaron alegaciones.


Parte de esas personas puso el asunto en manos de la Agencia Española de Protección de Datos, que considera que «la publicación por parte del Gobierno del Principado en su página web, en abierto y a la vista de cualquiera, de un listado de personas que presentaron alegaciones puede constituir la comisión de una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)». Según la Agencia el expediente sancionador, que se abre «por la presunta infracción del artículo 10 de la Ley orgánica, tipificada como grave», se ha iniciado acumulando las denuncias recibidas y estará resuelto en seis meses.


La diputada de Izquierda Unida Emilia Vázquez se muestra satisfecha por la resolución de la Agencia, no en vano la coalición fue la primera en denunciar irregularidades en la publicación de estos datos. Vázquez lamenta que vayan a ser los asturianos los que paguen «la incompetencia manifiesta» de la administración. A preguntas de IU, la Dirección de Minas explicó en enero de 2012 que la divulgación de los datos atendía a «la apreciación de razones de interés público que así lo aconsejaban, dado el gran número de alegaciones presentadas». Además el gobierno regional indicó entonces que la publicación de los datos no suponía «daño o vulneración alguna de derechos».


La diputada considera que «es una pena que las instituciones públicas no respeten la normativa y tenga que pasar más de un año para que los ciudadanos que vieron expuestos sus datos personales vean reconocidos sus derechos». Vázquez espera que la administración «tome nota y cumpla escrupulosamente la normativa en el proceso que queda en la mina de Salave».


Por su parte la Plataforma Oro No ha calificado de vergonzosa esta situación, que atribuye a «la incompetencia o la mala fe de algunos empleados públicos».

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