El Principado no recibirá sanción por difundir quiénes alegaron contra los sondeos
El gobierno cometió una falta grave que está corrigiendo, según la Agencia de Protección de Datos
Tapia, T. C.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que el Principado cometió una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) al revelar los datos personales de las personas que alegaron, en el período de información pública, en contra de una de las campañas de sondeos mineros que la minera Astur Gold promovió en Tapia. Los hechos, la publicación del nombre y el domicilio de 356 personas, se registraron en diciembre de 2011 durante el gobierno que lideraba entonces Álvarez-Cascos.
A raíz de este hecho, un total de 69 personas afectadas presentaron una denuncia ante la AEPD, que abrió un expediente. En el curso de la investigación el Principado explicó que los nombres se publicaron para evitar el coste de notificar la resolución a cada persona que presentó alegaciones. Además, arguía que las direcciones se incuyeron en el documento final «por error». En este sentido el gobierno regional ya ha tomado medidas para eliminar el domicilio de la documentación publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de acceso público.
La Agencia, en resolución emitida con fecha del 15 de marzo, considera que el Principado cometió una vulneración del «deber de secreto» contenida en el artículo 10 de la LOPD, pero no aplica sanción económica alguna a la administración. «No se insta por parte de la Agencia la adopción de una concreta medida correctora puesto que el Principado ya ha comunicado la adopción de medidas correctoras que se estiman correctas», dice la resolución de la Agencia. Lo que hará este organismo es notificar la infracción al Defensor del Pueblo.
El abogado Miguel Juan Corbacho (del portal especializado en borrar datos de la red www.salirdeinternet.com) explica que el Principado no es sancionado con los 300.000 euros que podría suponer una infracción grave por su naturaleza jurídica: «Representa un agravio comparativo evidente con multitud de empresas a las que se les exige el cumplimiento escrupuloso de la Ley».
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