El juzgado de Castropol ha llamado a declarar en calidad de imputados al alcalde socialista de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, y a la edil Julia Pládano, de su mismo partido tras tramitar una denuncia interpuesta por un grupo de vecinos del concejo en el juzgado de Grandas de Salime por el uso ilícito de fondos públicos para la promoción de la patata local.

La juez de primera instancia de Castropol ha advertido indicios de criminalidad en una serie de supuestas irregularidades cometidas a partir de 2009 en varias actuaciones relacionadas con el uso de bienes de naturaleza pública para fines privados. Además, también ha sido llamada a declarar la secretaria municipal en relación con la promoción irregular de funcionarios en el Ayuntamiento. Los imputados deberán compadecer en el juzgado el próximo jueves, día 10.

Según fuentes judiciales, los denunciantes han constatado que el Alcalde promocionó para la patata de Grandas un sello de indicación geográfica protegida (IGP) al mismo tiempo que constituía una sociedad cooperativa para el cultivo, la producción y la venta del tubérculo, junto con dos socios, uno de ellos, Julia Pládano. Para este proyecto de IGP, siguen los denunciantes, el Principado concedió dos subvenciones en 2009, por un importe de unos 60.000 euros. Estos fondos fueron destinados a la adquisición de una máquina de envase y seleccionado. Según la denuncia interpuesta, los únicos que se han beneficiado del uso de esta máquina han sido el Alcalde y la concejala, dado que no hay más productores de patata en la zona, salvo alguno ocasional. El Ayuntamiento, según la denuncia presentada, cedió terrenos comunales para estas actividades.

Además, Eustaquio Revilla está integrado en el Ceder Navia-Porcía, como representante de su municipio y como secretario de la junta directiva de este órgano, que coordina y ejecuta proyectos que se financian con fondos públicos. La cooperativa del regidor se habría beneficiado de varias labores de asesoramiento dentro del programa "Nuevos Horizontes". Según los denunciantes, en el peor de los casos se trataría de mala fe manifiesta e intento de desviar fondos públicos para uso privado y lucro personal; cuando menos, habría vulnerado el régimen de incompatibilidad por su dedicación exclusiva.

La juez también investigará el aumento de hasta el 100% del complemento específico percibido por la secretaria municipal, que, afirman los denunciantes, es ilícito al no haber seguido el procedimiento reglado. Además, se produjo durante los años 2011 y 2012, en los que el Gobierno central publicó varias disposiciones que obligaban a congelar el salario de los funcionarios.

Los abogados de la acusación particular rehúsan valorar los hechos en respeto a la actuación judicial. Este periódico no ha conseguido ponerse en contacto con Revilla.