La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha vuelto a sancionar a Kinbauri España, filial de la compañía canadiense Orvana Minerals, por la continuidad de los vertidos peligrosos a las aguas de dominio público procedentes de la mina de oro del Valle de Boinás, en Belmonte de Miranda. Una multa que asciende a 242.920 euros y que se suma a los 84.000 euros que la Confederación impuso a la empresa minera por vertidos al río Cauxa, afluente del Narcea. El reciente expediente sancionador fue hecho público ayer por la Coordinadora Ecologista de Asturias.
La sanción se debe, según el expediente, a los vertidos de materiales pesados en las aguas fluviales del concejo tales como cianuros, selenio, cadmio,cobre y cinc. Además, la Confederación ha constatado la presencia de sustancias autorizadas, como los arsénicos, pero en concentraciones superiores a los valores límite permitidos.
LA NUEVA ESPAÑA se puso ayer en contacto con Kinbauri, pero la empresa no ha querido hacer declaraciones al respecto. La empresa está inmersa en la construcción de una planta de tratamiento de aguas para frenar los vertidos.
Para la Coordinadora Ecologista de Asturias estos vertidos suponen "un claro impacto en las aguas y en la vida de éstas", señala Fructuoso Pontigo, presidente del colectivo ecologista. Por otro lado, Pontigo lamenta que ni el Principado de Asturias ni el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda hayan abierto un expediente a la empresa minera, "lo que da una idea de la desidia y la dejación de funciones del Gobierno asturiano con los vertidos mineros del oro y sus impactos para todos los que están cerca de esta cuenca".
La consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Belén Fernández (PSOE), afirmó hace unas semanas en la Junta General del Principado que los vertidos no suponen un riesgo para las personas. La Consejera detalló que, pese a que Fomento no es competente en el control de aguas, las sustancias detectadas por la Confederación se encuentran por debajo de los límites legales establecidos. No obstante, según Pontigo, la Confederación, mediante respuesta escrita al colectivo, reconoció la toxicidad de las sustancias halladas en el agua para la fauna, la flora y las personas.
La sanción de 84.000 euros a Kinaburi generó una fuerte polémica. UPyD presentó varias acciones en el Parlamento Europeo para evitar la contaminación de las aguas de uso público por parte de la minera de Belmonte de Miranda y de la mina que se pretende abrir en Tapia de Casariego. El organismo comunitario recomendó ya en 2010 la prohibición del uso de la minería con balsa de cianuro en los estados de la Unión Europea a partir del año 2012.
Los vertidos de la mina de oro de Boinás causaron preocupación entre los vecinos del concejos, quienes, sin embargo, defienden la actividad de la minera como motor de desarrollo económico de la zona.
La Coordinadora Ecoloxista espera que la Confederación siga sancionando a la empresa, "en vista de que el Gobierno de Asturias es conocedor de los vertidos, lo que demuestra una vez más su incapacidad de vigilancia y cumplimiento de sus responsabilidades ambientales", asegura Pontigo.
