Manuel González Orviz, coordinador de IU de Asturias, se pronunció ayer sobre el informe del Instituto Geológico Minero de España (IGME) relativo al impacto de la mina de oro de Salave, afirmando que "es evidente que está buscando una coartada que desmonte el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico". Este informe, encargado por el Principado de Asturias y dado a conocer esta semana, asegura que el proyecto de Astur Gold no dañaría los acuíferos y las aguas subterráneas, como sí queda reflejado en las manifestaciones de la Confederación Hidrográfica del Norte.
A entender de Orviz, la actividad de la mina contaminará los acuíferos, como así se recoge en el informe de la Confederación. "Además, si lo que dice este nuevo informe es que las lagunas de Silva están deterioradas ambientalmente, lo que debería hacer el Gobierno del Principado es tratar de mejorar su calidad".
A su juicio, "la mina debe cumplir todos los trámites ambientales, administrativos y legales que les son exigibles a esta empresa y a cualquiera, y no vale buscar recovecos o coartadas para tratar de eliminar un informe de la Confederación, que es la que tiene las competencias en este ámbito", considera Orviz, que preguntará al Gobierno sobre este documento cuando comience el período de sesiones.
Por su parte, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) considera "escandaloso" que se empleen fondos públicos para "dirimir un asunto que le compete a un particular. El Principado ha pagado a un instituto público un estudio para, en el fondo, respaldar los intereses de la empresa frente a la administración competente en la materia, que es la Confederación", señala el colectivo.
Al mismo tiempo, cuestionan la capacidad del IGME para valorar si existe daño ambiental o no, y si las lagunas de Silva son el lugar idóneo para instalar la mina, como asegura el informe.
"Está claro que el Principado defiende los intereses de la empresa antes que los de los ciudadanos y el medio ambiente", considera el colectivo ecologista, que también critica la situación "que parece de negociación entre una empresa y una administración. Algo inadmisible".
