La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) asegura que siguen siendo válidos los informes desfavorables que emitió en julio de 2012 y en enero de 2014 al respecto del plan aurífero que la empresa Astur Gold tramita para Tapia. Por tanto, considera que no hay motivo para "modificar, ampliar o completar" dichos documentos, en los que se pusieron de manifiesto las "graves deficiencias" que presentaba el proyecto minero en relación con el dominio público hidráulico. Así lo expone la CHC en un extenso texto remitido a la Consejería de Economía en respuesta al proceso de información pública abierto sobre el segundo modificado planteado por Astur Gold.
Cabe destacar que el Área Jurídica y Patrimonial del organismo detecta que la tramitación del proyecto de Astur Gold podría estar vulnerando la legislación aplicable a la evaluación ambiental. En este sentido destaca que el proyecto minero obtuvo en 2012 una autorización parcialmente favorable (se aprobó la mina subterránea, pero no la planta de tratamiento ni la balsa de estériles) y por tanto "no cabe reabrir ese expediente con el propósito de dictar una nueva declaración de impacto, como si la ya dictada no hubiera existido". Recuerda que la resolución emitida el 20 de diciembre de 2012 puso término al expediente.
El organismo de Cuenca también recoge en su documento las reuniones que mantuvo la minera con el Ministerio de Agricultura tras el último informe desfavorable de la CHC. Los técnicos del Ministerio aportaron a Astur Gold orientaciones de cara a mejorar el planteamiento de la mina y en este sentido se enmarca la decisión de Astur Gold de reducir el depósito de estériles hasta las diez hectáreas y aumentar el relleno de los huecos de la mina con residuos resultantes del proceso. También se recogen otras medidas correctoras que sopesa Astur Gold como construir un emisario terrestre y submarino.
Sin embargo, la Confederación considera que Astur Gold no tuvo en cuenta las orientaciones de Medio Ambiente para proteger el medio hídrico y reprocha a la minera las carencias del estudio de siete alternativas para emplazar las instalaciones mineras: "De dicho estudio no se extrae conclusión alguna". Además, incide la CHC, existen "incertidumbres e indeterminaciones" sobre los puntos de vertido previstos, sobre la caracterización de dichos vertidos y también sobre la afección del proyecto sobre la calidad de las aguas.
La CHC tampoco está de acuerdo con el hecho de que la clausura de la mina no suponga impactos, puesto que permanecerá en la zona el depósito de residuos. Asimismo, el organismo indica que la concentración de sustancias contaminantes en las distintas fases del proyecto "difiere notablemente" con respecto al plan anterior de la minera.
Al respecto del depósito de estériles Astur Gold aporta un nuevo estudio elaborado por Amphos 21 y que no se incluyó en los documentos sometidos a información pública. Dice dicho estudio, según refiere la Confederación, que el máximo de contaminación que se producirá en las aguas en la fase de post-clausura de la mina no se alcanzará hasta los 25-100 años. Este dato "supera las previsiones" de Astur Gold cifradas en un máximo de 12 años.
"No vinculante"
Por su parte, la empresa minera considera favorable el último proceso de alegaciones y aprecia que no hay "datos técnicos que invaliden" el futuro desarrollo de la explotación minera. Astur Gold, en un comunicado, asegura además que el informe de la Confederación, junto a otros emitidos por órganos de la administración, no es vinculante.
La empresa aurífera destaca las "importantes mejoras medioambientales" introducidas en el proyecto y muestra su disposición "a instrumentar medidas adicionales que pudieran derivarse de las alegaciones e informes recibidos en cuanto estas sean realizables y razonables".
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturias, que ayer desveló la existencia del informe de la CHC, considera que el hecho de que un organismo como la Confederación no considere asumible el proyecto "debería ser suficiente para que se paralice de una vez este disparate minero". Además, la Coordinadora acusa al Principado de "manipular descaradamente la tramitación", ya que este modificado se tramitó precisando que no suponía una modificación sustancial del proyecto anterior.
