La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Castropol contra los promotores y la empresa encargada de construir una terraza de dos alturas en un conocido restaurante del puerto de Castropol. La Fiscalía apunta a dos posibles delitos: uno contra la ordenación del territorio por haberse llevado a cabo una edificación no autorizable en suelo de dominio público y otro de prevaricación.
La Fiscalía considera presuntos autores del delito urbanístico a los dos promotores y a la empresa, mientras que no ha identificado a los presuntos autores del delito de prevaricación, algo que deja en manos del juez de Castropol que acaba de empezar a instruir el caso.
En su acusación la Fiscalía argumenta que las dos personas denunciadas contrataron con una constructora la ejecución de unas obras y dieron orden de empezar los trabajos sin contar con licencia, hecho que conocía la empresa. Asegura el ministerio fiscal que "la nueva construcción se efectuó apartándose del proyecto básico de ejecución e incumpliendo la normativa urbanística del municipio, lo que hace que las obras sean ilegalizables en su estado actual". Del mismo modo, la acusación se muestra crítica con la labor de vigilancia del Ayuntamiento de Castropol e incide en que "las obras se llevaron a cabo ante la pasividad municipal, pese a ser realizadas en una zona altamente controlada por las autoridades y totalmente abierta al público".
La Fiscalía exige además que se pongan los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Castropol para que "proceda a suspender cualquier expediente sancionador que pudiera haber abierto por estos hechos". Sobre este asunto el alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, precisa que hace unas semanas el consistorio dictó orden de derribo sobre la terraza al ser "ilegalizable". Pérez argumenta que el Ayuntamiento no llegó a conceder licencia sobre la edificación y que tardaron en actuar (la obra se ejecutó a principios de 2013) porque estuvieron pendientes de la opinión de la CUOTA para ver si se podía autorizar. Por su parte, el actual propietario del restaurante ha preferido no hacer declaraciones al respecto hasta que se cierre el proceso.
La Fiscalía abrió la investigación a principios de febrero, tras recibir una denuncia sobre las posibles irregularidades de la obra.
