La compañía minera Astur Gold ha decidido reducir su plantilla a la espera de la resolución que emita el órgano ambiental sobre si autoriza o no la mina de Salave (Tapia). "El ajuste laboral afectará a la mayor parte de las personas que han colaborado en el desarrollo de la iniciativa", precisa.

Astur Gold indica que los despidos tendrán un "efecto limitado" si el Principado autoriza la mina. No obstante, precisa que ante la "incertidumbre", tanto respecto al sentido de la resolución como del plazo en que se tome, ha decidido reducir el gasto mensual que soporta y que se sitúa en torno a los 200.000 euros.

La compañía dice que desde julio -en que entregó la última información a la administración- está a la espera de una resolución. Recuerda que aunque la previsión inicial era resolver los trámites en dos años llevan cuatro años y medio trabajando en el plan de Salave en el que han invertido alrededor de veinte millones de dólares.

En otro orden de cosas, la Asociación Asturiana d'Amigos de la Naturaleza (ANA) ha acusado a la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, de dispensar un trato de favor a Astur Gold: "La consejera está mal vendiendo una patria que no es suya. Ya no sabe qué hacer para favorecer a la empresa minera".

Para la entidad ecologista son especialmente graves las declaraciones emitidas por Fernández el pasado jueves en el pleno de la Junta, en respuesta a una pregunta del diputado de UPyD, Ignacio Prendes. El colectivo califica de "increíble y vergonzosa" la frase en la que Belén Fernández precisó que habían preguntado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) si en caso de que Astur Gold construyese un emisario submarino "se retirarían los reparos planteados hasta la fecha" al proyecto.

"Opinamos que una consejera de Medio Ambiente no puede ni debe explorar oportunidades de negocio para una empresa privada, intentado sortear reparos de otra administración pública", precisa la entidad. En este sentido, ANA indica que reconocer tal cuestión en sede parlamentaria demuestra que Fernández "no es digna" de ocupar el sillón de consejera ya que "trabaja para los intereses privados".