Astur Gold acusa al Gobierno regional de ir "contra el empleo" y medita recurrir

El freno a la mina de oro de Tapia ha vuelto a generar división de opiniones entre los partidarios y los defensores de este controvertido proyecto. De un lado está la empresa minera, que lamenta la decisión y se reserva su derecho a ejercer acciones legales contra el Principado, y del otro, los colectivos ecologistas que llevan tiempo luchando para frenar un proyecto que consideran incompatible con los intereses del municipio tapiego. Aunque con cautela, los detractores del plan minero aplauden la decisión adoptada ayer.

"El informe desfavorable ha generado una gran decepción en la compañía y, de manera muy especial, en el equipo técnico que durante más de cinco años trabajó en la preparación de un proyecto claramente sostenible desde el punto de vista medioambiental". Es el primer análisis de la compañía Astur Gold tras conocer la decisión del Principado de no autorizar su plan aurífero para Tapia. La empresa, que considera que Asturias ha perdido una gran oportunidad, deja claro que va a estudiar la situación y no descarta recurrir "al ejercicio de los derechos legales" que puedan corresponderle. Acusa al gobierno regional de posicionarse "contra la creación de empleos y el ingreso de tasas".

Astur Gold, que asegura haber invertido casi veinte millones de dólares en lograr una minería del siglo XXI para Tapia, indica que la decisión le ha causado sorpresa y decepción. Además, arremete contra el Gobierno regional por fundamentar su rechazo en los informes de la Confederación, que a su juicio carecen "de rigor y concreción". Por último considera que el bloqueo a la mina será una tragedia para el desarrollo de una comarca azotada por la crisis.

En este sentido, el Alcalde de Tapia, Enrique Fernández (PP), muestra su respeto a la decisión adoptada por la Comisión para Asuntos Medioambientales (CAMA), si bien lamenta que el veto al plan minero suponga perder empleos. "Respeto la decisión, pero en el Occidente se necesita trabajo y es lo que me preocupa", precisa.

La opinión de la plataforma Oro No, que lucha desde 2005 contra los intentos de abrir la mina de Salave, es bien diferente. Su presidenta, Carmen Fernández, está satisfecha aunque muestra cautela hasta que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publique oficialmente. "Satisfacción por lo que se ha hecho público. Para la plataforma no cabía una resolución diferente", incidió.

Por parte de Asociación de Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA), Ignacio Martínez considera que no cabía otra decisión ambiental que la adoptada porque las pretensiones de la minera no se podían autorizar. El colectivo, que se reserva un análisis más profundo cuando se publique la DIA, precisa que las declaraciones de Belén Fernández lamentando el rechazo al proyecto son "una vergüenza" para una consejera de Medio Ambiente. Martínez duda de la legalidad de un proceso que como ANA ha defendido en repetidas ocasiones debió cerrarse con la DIA de 2012.

También la Coordinadora Ecoloxista d'Asturias, una de las entidades más combativas con este proyecto, aplaude la paralización. El presidente del colectivo, Fructuoso Pontigo, dice que la resolución emitida ayer sirve para "reparar el error administrativo" cometido en el año 2012. La Coordinadora advierte sobre posibles reclamaciones patrimoniales de Astur Gold y hace responsable al Principado por "las trampas cometidas en estos años".

Pontigo arremete contra el gobierno regional por su gestión del plan minero de Salave y le acusa de ser "consentidor de un proyecto ambientalmente inasumible, al que no han podido dar el visto bueno a pesar de sus intenciones".

En la esfera regional, una de las primeras reacciones ha sido la de UPyD, que desde el principio ha mostrado su rechazo al plan minero de Astur Gold. El diputado Ignacio Prendes califica de "muy acertada" la decisión de paralizar la mina. "Creíamos que no había otra salida más que esta y así se lo dijimos a la consejera en varias ocasiones", precisó el portavoz de la formación magenta, que acusa al Principado de "retorcer el procedimiento".

Para Prendes los verdaderos protagonistas de esta decisión son los colectivos vecinales, con Oro No, a la cabeza que llevan años luchando para evitar "que se consumase este atropello al medio ambiente".