Los colectivos que más duramente han luchado para poner freno a la mina de oro de Salave (Tapia) han recibido con desconcierto la resolución que firma la Consejería de Economía y Empleo para poner fin a la tramitación del plan de Astur Gold. Califican el documento de "vergüenza" y consideran que Economía demuestra "parcialidad" al dar argumentos a la empresa aurífera para plantear una batalla judicial por la denegación de su proyecto minero.
La portavoz de la plataforma "Oro No", Carmen Fernández, considera que "en su conjunto, la redacción de la resolución resulta cuestionable y extraña, incorporando inoportunamente el contenido de un informe jurídico revanchista". La portavoz del colectivo que canaliza la oposición vecinal a la mina se refiere al informe jurídico desvelado anteayer que el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Secretaría de la Consejería emitió el 28 de enero y en el que se contesta a las alegaciones que cuestionaron la legalidad de la tramitación del proyecto minero.
Fernández indica, además, que "lo más destacable" de la resolución emitida por Economía es la "renuncia expresa" a utilizar el mecanismo previsto en el artículo 13 del texto tefundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TREIAP). En dicho artículo se establece la posibilidad de emitir una resolución de discrepancias, una vía que establece la legislación cuando el órgano sustantivo (en este caso Economía) no está de acuerdo con la decisión del órgano ambiental (en este caso la Consejería de Fomento), como parece desprenderse de la resolución emitida anteayer por Economía. La resolución de discrepancias conduciría a un pronunciamiento del Consejo de Gobierno sobre si se autoriza la mina.
Por su parte, la Asociación Asturiana d' Amigos de la Naturaleza (ANA) considera que el documento publicado cierra "un proceso convulso que pone de manifiesto la parcialidad de la administración". ANA muestra su satisfacción en la medida en que se deniega la mina de oro, pero no respecto al papel del Gobierno regional en todo este asunto. "Este acuerdo del órgano sustantivo es un largo lamento, una intolerable disculpa por no haber podido autorizar a la empresa sus pretensiones", según el portavoz de ANA, Ignacio Martínez, quien se pregunta por qué tiene una Consejería que "excusarse por dictar la única resolución que cabía en este punto". Martínez no entiende por qué ni a quién favorece el escrito publicado en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), al que califica de "ópera bufa". Este texto no sólo expone la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable para la mina, sino que incluye una serie de valoraciones en las que Economía cuestiona los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) que justificaron el veto a la mina. "Calificar de conjeturas a los informes de otra administración pública en el ámbito de sus competencias es inadmisible", añade Martínez.
En el mismo sentido se expresa el presidente de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo, quien califica el documento de Economía de "vergüenza total". Según Pontigo, la resolución "está hecha de cara a la empresa y da argumentos al enemigo". También se muestra sorprendido por las descalificaciones hacia la Confederación.
La CHC rechazó ayer valorar el contenido de la resolución en la que Economía carga contra el organismo de cuenca por basar su rechazo al plan minero en "conjeturas y meras incertidumbres, todas ellas huérfanas de pruebas" que avalen los daños al medio ambiente. Tampoco el alcalde de Tapia, Enrique Fernández, quiso entrar al detalle del documento, que da un plazo de dos meses para presentar un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El regidor sólo dijo que, "en Tapia, pese a todo, se necesita trabajo".
