En el año 2003 el Ayuntamiento de Castropol concedió al ovetense Sergio Estrada permiso para edificar una vivienda unifamiliar en el barrio figueirense de La Atalaya. Ahora. una sentencia, propiciada por la denuncia de un vecino en 2004, obliga al derribo de la vivienda por estar construida en suelo urbano no consolidado. El Ayuntamiento de Castropol, quien cometió el error inicial según el juez, debe asumir el coste del proyecto de derribo, la consiguiente demolición y el pago de la más que previsible indemnización que reclamarán los dueños del inmueble construido a orillas de la ría del Eo.
La denuncia que originó el conflicto partió del político Antonio Masip, que también tiene una casa en este barrio de Figueras, y que entendió que se había cometido una "infracción urbanística". "No le deseo mal a nadie, pero me parece bien que se cumpla la legalidad", precisó ayer Masip, al que la justicia ha dado la razón en este largo entramado judicial. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo ya se la dio en 2005 y anuló la licencia concedida por el consistorio, pero no planteó la demolición, como tampoco en otra nueva sentencia de julio de 2012. Según explica el abogado de los demandados, fue el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en febrero de 2013, el que ordenó el derribo.
Del otro lado está la familia demandada, que está desolada por la inminente pérdida de la vivienda. Los propietarios quieren dejar claro que en todo momento actuaron conforme a la ley ya que construyeron su casa con licencia. Ahora, lamentan ser los "castigados" de este proceso: "La justicia nos deja en una situación de desamparo porque perdemos nuestra casa sin haber cometido ninguna falta". Aprecian una "inquina injustificable" contra su propiedad y señalan que hay otras en la zona en iguales condiciones y que no serán derruidas. En este punto aclaran que su prioridad es mantener la vivienda y por eso lamentan que los vecinos tengan que pagar por este entuerto.
Los demandados hacen responsable al Ayuntamiento por no lograr en 11 años la legalización de la vivienda. Para ello es necesaria una unidad de actuación que se aprobó en 2013, pero que está sin desarrollar desde entonces.
Por su parte, el regidor castropolense, José Ángel Pérez, dice que el desarrollo les compete a los propietarios, que hasta el momento no se pusieron de acuerdo para hacerlo. La particularidad del caso es que con esta unidad desarrollada los demandados podrían volver a levantar su casa en el mismo sitio.
El regidor castropolense reconoce el "contrasentido" que supone esta situación y defiende la actuación del consistorio que trató sin éxito de solventar el asunto y evitar el derribo: "Dimos una licencia que aparentemente reunía todas las de la ley, pero que después el juzgado entendió que no lo era. Se nos fueron exigiendo medidas que fuimos adoptando pero nunca fueron suficientes y, al final, llegamos a tener que derribar la casa. No termino de entender la razón porque es un sitio en el que se puede construir".
El Alcalde explica que el consistorio está ultimando el proyecto de demolición y procederá al derribo de la vivienda entre finales de este mes y principios de septiembre. Pérez es consciente del gasto que esto supone para las arcas municipales, pero espera que el seguro de responsabilidad civil del consistorio asuma los costes. Pese a todo no pierde la esperanza de que se pueda encontrar una solución: "Lo intentaremos hasta el último día".
También el PP de Castropol ha querido dejar clara su postura y acentúa "lo absurdo" de la situación. "Esto pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento, pese a haberlo intentado, de encontrar una solución que no nos vaya a costar lo que nos va a costar", precisa el portavoz popular Álvaro Queipo. Los populares también critican que el Ayuntamiento no pusiera más de su parte para desbloquear la unidad de actuación para La Atalaya: "Lo normal si no hay urgencia es esperar un acuerdo de los propietarios, pero había una urgencia clara para actuar".
