La decisión de Astur Gold de reclamar judicialmente al Principado 8,5 millones de euros por los gastos generados en el desarrollo del proyecto aurífero de Tapia que finalmente fue denegado ha generado diversidad de opiniones. Por un lado están los que, como la plataforma Oro No, piden cautela a la espera del posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA); por otro, los que remarcan que este proceso es el resultado de la mala gestión que la administración regional realizó del proyecto minero tapiego.
El presidente de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo, está en el segundo grupo y recuerda que esta situación es fruto de la actuación de los responsables de la administración, que "dieron alas" a la empresa minera. Pontigo centra sus críticas en la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y en el exresponsable de Industria, Graciano Torre: "Deberían responder subsidiariamente porque se dedicaron a dar alas a la empresa". Al portavoz ecologista no le sorprende la reclamación formulada por la compañía aurífera, ya que "estamos hablando de empresas especuladoras que quieren sacar tajada de lo que sea. Lo lamentable es que el Principado le diera alas", concluyó.
En términos similares se expresa el portavoz de Foro en Tapia, Guzmán Fernández, al considerar que a la empresa minera se le crearon expectativas desde el Principado de que la mina podría salir adelante. "Ahora tendrán que atenerse a las consecuencias", incidió, en alusión al Gobierno regional. A Fernández no le extraña en absoluto la reclamación de 8,5 millones: "Todos sabemos que las cosas no se hicieron bien y la empresa está en su derecho de reclamar, era algo de esperar". Más cauto se mostró su socio de gobierno y alcalde de Tapia, Enrique Fernández (PP), quien prefirió no entrar a valorar el asunto: "Nunca he entrado y no lo voy a hacer ahora. Respeto todas las posturas".
Por su parte, la portavoz socialista, Ana Vigón, reconoce el derecho de la compañía minera a reclamar, pues "así se lo permite la legislación", pero duda de que la inversión efectuada en Tapia en el último lustro sea de 8,5 millones. "Dudamos mucho de la objetividad de esa auditoría externa", expresó Vigón.
La portavoz socialista también se muestra crítica con las afirmaciones de Astur Gold respecto del trabajo realizado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en el que se apoyó la Comisión para Asuntos Medio Amientales (CAMA) para denegar el plan aurífero. "Es fuerte que digan que los informes de la CHC no tienen base científica", añadió Vigón. Los socialistas tapiegos defienden la actuación del Gobierno regional al paralizar el proyecto minero: "Se trata de preservar el medio y la empresa no ofreció las garantías suficientes para poder sacar el proyecto adelante", valoró.
La empresa Astur Gold anunció desde Vancouver que su recurso ante el TSJA va acompañado de la auditoría externa que cifra en 8,5 millones la inversión en Tapia desde 2010, y también de un informe técnico que refuta los informes negativos emitidos por la Confederación. La empresa se mostró dispuesta a "tomar todas las medidas posibles y las acciones legales disponibles" para defender y proteger sus derechos.
