"El procedimiento de un expediente de actividad clasificada lleva un proceso que se ha seguido en este caso. Una vez efectuados los avisos oficiales, quien quiera conocer el documento puede acudir a las oficinas municipales para examinar el expediente". Así defendió el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, la gestión del equipo de gobierno socialista del proyecto de instalación de una planta de generación de energía a partir de biomasa junto a la piscina municipal.
El regidor, ante las preguntas de la oposición, se limitó a señalar que se fue más allá de lo legalmente establecido organizando una reunión informativa para los vecinos, y animó a presentar alegaciones a la planta a quienes creyesen que genera algún tipo de impacto negativo. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha sido una de las primeras en presentar objeciones al plan.
El portavoz del Partido Popular, Nacho Méndez, cuestiona la gestión del proyecto, no el proyecto en sí. "Existen lagunas en su ejecución, desarrollo y ubicación", afirmó. Nacho Blanco, de Izquierda Unida, también manifestó su preocupación por los "impactos negativos" de la planta, que se prevé instalar cerca de bloques de viviendas y centros educativos.
El regidor aseguró que el equipo de gobierno "organizó una reunión a petición de la administración de algunos inmuebles, que se consideró necesaria, oportuna e interesante", habiéndose convocado el encuentro "sin ninguna obligación normativa o administrativa". García Palacios manifestó su deseo de que "la información facilitada por los técnicos haya sido de interés", y recordó que "todo aquel que lo desee tiene aún tiempo para consultar el proyecto en el Ayuntamiento y formular las alegaciones que considere. Estas alegaciones seguirán el recorrido administrativo habitual", remató.
La Coordinadora Ecologista de Asturias ya ha preparado sus objeciones al proyecto. Se encuentran en un documento divulgado entre los vecinos, para dar soporte a otras alegaciones. En este texto, el colectivo conservacionista recuerda que "la combustión de residuos forestales genera números contaminantes en el proceso".
Señala además que es un "muy mal negocio económico" realizar una inversión de 1,7 millones de euros para lograr "un supuesto ahorro anual de 56.000 euros de las actuales facturas de gas y luz de la piscina municipal", aunque el proyecto lleve el sello del programa "Life" de la Unión Europea de lucha contra el cambio climático.
Argumentan que no se han publicado informes de compatibilidad urbanística, ni estudios meteorológicos que midan la calidad del aire una vez instalada la planta. Sobre su situación, la Coordinadora Ecologista considera que "sería necesario que se ubique la actividad prevista en otra localización", lejos de los centros de población.
