La Audiencia Nacional ha condenado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a ejecutar la sentencia emitida por este tribunal el pasado 30 de marzo de 2015 en la que se exigía al organismo la restitución, de forma subsidiaria, de los terrenos del valle de Gillón, en Cangas del Narcea. En concreto, la sentencia de 2015 admitía parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos y Amigos de los Valles de Gillón y Fuentes del Narcea, y obligaba al organismo a restaurar los terrenos que afectan a los arroyos de La Raíz y La Braña, donde desarrollaba su actividad la empresa minera Antracitas de Gillón, concretamente su grupo Perfectas-Riotinto.
En la actual sentencia, el tribunal advierte de que "la postura de la Administración del Estado para no ejecutar la sentencia no es admisible" y rechaza que la Confederación se ampare en la resolución del proyecto de impacto ambiental de octubre de 2014, en la que se llega a la conclusión de que "quedarían adecuadamente protegidos el medio ambiente y los recursos naturales, si no se realiza ninguna actuación".
Así, la Audiencia Nacional falla que el encargado de ejecutar la primera sentencia será el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, "con la ayuda, si resulta necesaria, del Ministerio de Agricultura", matiza. Además, otorga el plazo de un mes para presentar un cronograma de las actuaciones necesarias para la restauración y el tiempo estimado para llevarlas a cabo. Aparte, condena a la Administración a hacerse cargo de las costas procesales.
El presidente de la asociación, Segundo Menéndez, subraya que "lo gordo de esto es que está justificada la restauración de la zona por parte de la empresa a la que se le pagaron cinco millones de euros por ello", y anuncia que estarán vigilantes.
