La plataforma vecinal que lucha contra la instalación de una planta de biomasa en Navia tiene previsto presentar la semana próxima una querella criminal contra el Ayuntamiento por la gestión realizada en este proyecto. A entender de este colectivo, existen indicios suficientes para acudir a la vía penal, y que un juez investigue si ha existido delito, o no, en la tramitación de la planta. La querella se suma al recurso contencioso administrativo y a la denuncia ante las autoridades europeas que ya han presentado los vecinos movilizados, que siguen exigiendo que se modifique la ubicación de la central.
"Vamos a poner encima de la mesa del juez los indicios que, consideramos, pueden corresponder a presuntos delitos", afirma Marcelino Abraira, letrado de la plataforma vecinal, que apunta a varios hechos, como la limitación al derecho de información de los ciudadanos, la relación de parentela entre personal municipal y el autor del proyecto, miembro de las empresas promotoras, y el comienzo de las obras antes de proceder a la contestación de las alegaciones. "Todo esto excede lo meramente administrativo, y puede conllevar responsabilidad penal", añade el abogado. "Lo tendrán que investigar el juez de instrucción y el fiscal, y la Justicia decidirá", añade.
Abraira ya presentó un contencioso administrativo tras acudir al Ayuntamiento para solicitar una copia del proyecto y recibir la negativa del gobierno, "debido a un supuesto derecho de patente". Cuenta que el expediente que se encontró fue "pequeño, incompleto y sin foliar", y que posteriormente han aparecido otros documentos más antiguos en el tiempo. "El juez fallará sobre la indefensión absoluta que se causa a los vecinos al negarles la entrega de las copias, aunque haya que pagar una tasa. No es de recibo, no está en la ley, alegar el derecho de autor de un proyecto cuando está abierto el plazo de alegaciones", asevera el letrado.
Si el juez da la razón a los vecinos, Abraira pedirá que el proceso comience de nuevo y que se paralicen de forma inmediata las obras. "Se nos ha negado el derecho básico a la información, incumpliendo un requisito esencial", asegura. "Estamos en un país con una Constitución y unos derechos fundamentales. Tienen derecho a iniciar la obra que quieran, luego los tribunales decidirán si se ajusta o no a derecho. Lo que no pueden es abrir un plazo de alegaciones y poner trabas para lograr la información", recalca.
Además, los vecinos han llevado el asunto ante las autoridades europeas, que financian el proyecto a través del programa "Life" con 1,7 millones de euros. "El Ayuntamiento de Navia en este asunto ha mantenido una postura de total indefensión para los vecinos, negándoles lo que la ley prohíbe negar", concluye el abogado de la plataforma ciudadana.
Mientras tanto, siguen en marcha los trabajos municipales para acondicionar el solar donde se instalará la planta de generación de energía, anexo al complejo deportivo de La Granja. Los operarios se afanaban ayer en avanzar en la cimentación de la estructura. Según lo anunciado por el equipo de gobierno, la caldera se instalará en Navia una vez haya pasado todos los controles y realizado el ajuste pertinente en las dependencias de las empresas promotoras.
