24 de enero de 2017
24.01.2017

"Fraternidad" recoge apoyos para seguir prestando su servicio de transporte

El Principado adjudicó la ruta a una empresa privada, que viaja a diario vacía

24.01.2017 | 01:49
El autobús de "Fraternidad", saliendo ayer del centro, en Tapia; al fondo esperan los de la adjudicataria.

La asociación tapiega "Fraternidad", que gestiona el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Villamil, está dispuesta a dar la batalla para que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales rompa el contrato firmado con una empresa y le permita seguir realizando su propio servicio de transporte, como ha hecho en los últimos catorce años. La entidad ha puesto en marcha, como medida de presión, una campaña de recogida de firmas que en tres días ya supera los setecientos apoyos.

Tras quedar desierto por dos ocasiones el concurso público convocado para adjudicar la ruta del centro tapiego, la administración decidió adjudicarlo de manera directa a finales de noviembre a una empresa privada, que comenzó en diciembre a prestar este servicio. Sin embargo, "Fraternidad" no acepta esta decisión y no ha parado de realizar la ruta con su autobús y conductor propio, lo que provoca que a diario recorran la comarca seguidos por el autocar de la firma adjudicataria, que va vacío. "Los usuarios bromean diciendo que son como los Reyes, que llevan escolta", dice la directora de "Fraternidad", Inés Fernández, que no oculta su enfado con esta situación.

Según los datos de los que disponen, el Principado adjudicó la ruta por un importe de 12.850 euros al mes, cuando el mismo servicio realizado por "Fraternidad" tiene un coste de 6.250 euros. Además, sostiene la entidad, el transporte propio les permite realizar un sinfín de actividades "imprescindibles para la integración social de las personas con discapacidad", mientras que el transporte privado solo incluye el desplazamiento diario entre el domicilio de los usuarios y las instalaciones del CAI.

La directora de "Fraternidad" explica también que desde la Consejería les han indicado que están estudiando la posibilidad de incluir una cláusula en el próximo concurso de transporte que pueda dar encaje legal a su servicio, sin embargo el nuevo concurso podría no salir hasta dentro de dos o tres meses.

El conflicto entre la administración y la entidad por culpa de este servicio, ilegal a ojos de la Consejería, viene de largo. Además, el año pasado, el Gobierno regional adeudó durante meses a "Fraternidad" el pago del transporte, lo que provocó que la entidad no pudiera pagar a sus trabajadores durante medio año.

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