11 de febrero de 2017
11.02.2017

El Principado no autoriza la minicentral hidroeléctrica del río Bustelín, en Ibias

El proyecto recibe una declaración de impacto ambiental negativa por las consecuencias que podría tener sobre el ecosistema acuático

11.02.2017 | 01:56
Río Bustelín, en Ibias.

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no da el visto bueno al proyecto para instalar una minicentral hidroeléctrica en el río Bustelín, en el concejo de Ibias. El "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) publicó ayer la resolución de la Administración en la que se argumenta que, "debido a los efectos ambientales que se indican en el análisis técnico del expediente no procede desde el punto de vista ambiental la realización del proyecto conocido como salto de Bustelín", y añade que se emite "una declaración de impacto ambiental denegatoria sobre el proyecto presentado".

La propuesta fue presentada a la Administración por parte de un promotor privado, cuya intención era instalar la minicentral hidroeléctrica en el río Bustelín para la producción de energía eléctrica renovable con una potencia de 2,745 megavatios y una inversión de tres millones de euros. La construcción se situaría en las proximidades de los pueblos de Riodeporcos, Bustelín, Penedela y Sena, del concejo de Ibias, y además se contaría con una línea eléctrica de alta tensión para evacuar la energía con un trazado subterráneo y aéreo que conectaría con la red de distribución de la zona en el centro de transformación del núcleo de Riodeporcos.

El proyecto contemplaba sendas captaciones en los arroyos Teixeira y Linares, afluentes del río Bustelín, al que se restituiría el agua una vez turbinada. La instalación también incluía una tubería de casi tres kilómetros para conseguir un salto de 162 metros.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que se opuso al proyecto desde que se iniciaron las consultas ambientales, se alegró de conocer que el Principado rechaza el aprovechamiento hidroeléctrico del río Bustelín y sus afluentes. La Coordinadora recuerda que la cuenca del Navia asturiano "viene padeciendo desde hace años la presión de las empresas eléctricas y ya tiene tres grandes embalses (Salime, Doiras y Arbón) que, según se han dado cuenta los ciudadanos de la zona años después de su construcción, supusieron un impacto negativo". Además, la asociación ecologista destaca "el intenso impacto en el régimen natural de los ríos" de este tipo de construcciones, que aseguran que afectaría a los peces, sobre todo a la población de trucha común, así como a los anfibios y la flora de ribera.

La alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez, muestra su respeto hacia la decisión adoptada en base a informes técnicos y asegura que, "como Ayuntamiento, no podemos hacer más que respetarla y asumirla". Además, la regidora apunta que la prioridad de la Administración local en este caso "es que se proteja el entorno privilegiado que tenemos en Ibias, para nosotros es muy importante la conservación de lo que tenemos", subraya. El Ayuntamiento de Ibias se manifestó en este mismo sentido durante el período de alegaciones. En ese momento informó de que las normas subsidiarias aprobadas por el Pleno municipal definían los terrenos donde se preveía la ubicación del proyecto como suelo no urbanizable de especial protección de embalses y cauces públicos, así como de paisajes naturales.

Además, el Consistorio señaló la presencia en la zona de diversos yacimientos arqueológicos "que deberían ser tenidos en cuenta". Y concluyó su informe matizando que, "de acuerdo con la legislación vigente, los usos del suelo previstos son incompatibles". En términos similares se pronunció la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

Precisamente, el análisis técnico realizado sobre el proyecto recoge que "existen informes desfavorables de administraciones públicas afectadas directamente", en los que se resaltan incompatibilidades y se alerta de efectos significativos sobre el medio.

Asimismo, se destaca "el escaso nivel de detalle del proyecto" en relación a la falta de datos de patrimonio cultural, soluciones de obra y su impacto en la zona. Además, el informe hace hincapié en que "los efectos ambientales del proyecto son significativos". A este respecto, indica que "el caudal ecológico que se propone es claramente insuficiente, lo que supone que desde febrero a noviembre se secaría el río en casi toda su longitud, lo que llevaría a casi la eliminación del ecosistema acuático".

El informe concluye enfatizando que la actuación que se propone es "un uso del suelo incompatible con la normativa urbanística actualmente en vigor, en la que la mayor parte del terreno afectado tiene la categoría de especial protección de paisajes naturales".

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