El Ayuntamiento de Cudillero habrá destinado a finales de año 731.455,91 euros a indemnizaciones y resoluciones de conflictos judiciales iniciados entre 2006 y 2015. El gobierno de Ignacio Escribano (PP) hizo ayer públicos estos datos con el ánimo de explicar el origen de parte de la deuda del Ayuntamiento y también la imposibilidad de hacer frente a inversiones con partidas económicas procedentes de la administración local.
Los pagos a los que hizo y debe hacer frente el Ayuntamiento pixueto se asocian a procesos sentenciados antes de junio de 2015 o en fecha posterior, "pero siempre abiertos antes de junio de 2015, fecha del cambio de corporación", detalla el informe. Es decir, que todos los casos se iniciaron durante los gobiernos socialistas. Sólo entre junio de 2015 y marzo de 2017 el Ayuntamiento pagó 18 indemnizaciones, que oscilan entre los 300 y los 60.000 euros. En total, la resolución de los procesos judiciales supuso 293.242,26 euros. A lo largo del presente ejercicio, y "ante la imposibilidad legal de aplazamiento", el Consistorio deberá pagar 438.213,65 euros. Los montantes oscilan entre 51.827 y 121.000 euros.
El Alcalde aseguró ayer que estos pagos están relacionados con sentencias por incumplimientos del Ayuntamiento, falta de respuestas a reclamaciones administrativas, falta de justificación de subvenciones y realización de contrataciones sin tener crédito presupuestario, entre otros casos.
Escribano aseguró que estos pagos condicionan la actividad del Ayuntamiento. "Con cinco millones de euros de presupuesto, esta cantidad es muy importante y no nos permite trabajar como nos gustaría. Intentamos invertir y atender las necesidades de los vecinos, pero la situación, a veces, nos desborda", añadió. El regidor puso como ejemplo la situación del complejo deportivo; el gobierno busca financiación externa para para retirar el generador y hacer la instalación eléctrica. "Necesitamos 190.000 euros, y no los tenemos", explicó.
El Alcalde aseguró que esta situación tiene que ver con "decisiones y acciones políticas, no con el personal laboral ni los funcionarios". "Si las reclamaciones que entran en el Ayuntamiento se quedan en un despacho y no se trasladan a los técnicos, pasan estas cosas", dijo. El Ayuntamiento tenía nueve millones de euros de deuda en junio de 2015. Ahora debe 6,5 millones.
