Los agentes de la unidad central operativa medioambiental (UCOMA), la Policía Judicial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, lanzaron ayer en la región un operativo que forma parte de otro mayor que se desarrolla en diez provincias. Hay al menos dos detenidos: una mujer que forma parte de la gerencia del matadero de Jarrio (Coaña), en cuyas instalaciones los agentes realizaron un exhaustivo registro e incautado de abundante documentación; y una segunda persona, en una explotación ganadera de Ribadesella. Fuentes cercanas al caso indicaron que ha sido registrada otra cárnica del Noroccidente y otra explotación del Oriente. En las localidades leonesas de Toreno y Astorga, Villarramiel y Palencia también se registraron cárnicas y mataderos. La operación tiene que ver con un fraude en el sacrificio y comercialización de carne de caballo.
Al menos ocho agentes del UCOMA, apoyados por patrullas de los puestos del Occidente, irrumpieron en la mañana de ayer en el matadero de Jarrio (Coaña). La mujer detenida fue trasladada por los agentes la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. Los agentes estuvieron recogiendo diversa documentación del matadero en cajas, que introducían en los vehículos en los que se desplazaron a Asturias. Los registros, sobre los que pesa el secreto de sumario, tenían por objeto reunir diversa documentación requerida por la investigación. En Toreno y Astorga, los registros interrumpieron durante horas el trabajo normal. El consistorio maragato, propietario del matadero, negó que sea un problema sanitario. El operativo está coordinado por un Juzgado de Ponferrada.
El matadero de Jarrio, que da servicio a todo el Noroccidente asturiano, ya tuvo problemas hace unos años, cuando los mayoristas denunciaron sus "deficiencias serias en su actividad", al no cumplir con "la normativa sanitaria". Los mayoristas reclamaron entonces "reformas urgentes para poder competir con las garantías sanitarias, medioambientales y de bienestar del ganado que exige la ley". El Principado elaboró un informe negativo de la situación del matadero, en el que se señalaba que su actividad no podía "mantenerse mucho más tiempo en estas pésimas condiciones". Tras algunas serias dificultades, una empresa de Lugo se hizo cargo de las instalaciones, en septiembre de 2011. La operación sigue abierta.
