Entre la ilusión de los gobernantes de la zona, todos ellos del mismo partido que el Gobierno regional, el PSOE, y el escepticismo de la oposición. Así se sitúa el anuncio de que el Gobierno del Principado podría licitar la obra de mejora de la carretera del Navia en menos de un año. Los alcaldes del alto Navia, todos ellos socialistas, ven con esperanza el avance en la tramitación de la obra después de "muchos años de promesas que no se cumplieron". Los mandatarios locales llaman a trabajar unidos para sacar adelante la mejora, porque, advierten, "es la última oportunidad" antes de que el despoblamiento acabe por convertir en un desierto demográfico la zona.
El plan del Gobierno regional pasa por encargar a la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa) la redacción del anteproyecto de la obra, al que se destinarán 250.000 euros. Se pretende ejecutar a través de una concesión a una empresa privada, que se hará cargo de las expropiaciones, de la construcción de la vía y, posteriormente, de su conservación. A cambio, el Principado abonará un canon anual durante treinta años, que se estima en unos diez millones de euros. El primer tramo, Boal-Grandas, podría ejecutarse para 2021.
"Este anuncio es una muy buena noticia, por todo lo que lleva en consecuencia. Se trata de una reivindicación que llevamos haciendo desde hace muchos años, y durante todo este tiempo hubo muchas promesas que no acabaron cumpliéndose. Ahora, por fin, pensamos que esto va a ser una realidad, y parece que a corto plazo", señala el alcalde grandalés, Eustaquio Revilla, que añade que la obra permitirá "un acercamiento a los servicios tan básicos como es el Hospital de Jarrio, o a las vías de comunicación que se hacen tan necesarias para el desarrollo de la cuenca del Navia".
En Boal, José Antonio Barrientos, su alcalde, considera este avance un motivo "de esperanza y de ilusión", al ver cómo se van cumpliendo los pasos anunciados por la administración para iniciar la actuación. "Es una obra deseada, que acercará Grandas de Salime, y toda la cuenca, a la costa en un tiempo razonable", dice. Sobre el modelo elegido, la concesión a una firma privada, Barrientos considera que "es la única solución posible" dada la importancia de la inversión inicial (180 millones de euros), y que tendría difícil acomodo en los presupuestos regionales. "Además, cuando esté terminada, la empresa se encargará del mantenimiento, lo que es muy importante", incide.
Para Leandro López, regidor de Illano, la obra tiene ahora "un buen enfoque", y confiesa que le decepcionaría "mucho" si no sale adelante. "Vemos al Consejero por la labor, y esperamos que el resto de partidos aprueben la medida, porque si esta carretera no está en buen estado no va a quedar nadie en los pueblos", asevera López, que aplaude que se haya buscado la concesión como fórmula: "Es la manera de que se ejecute con rapidez".
Desde la Alcaldía de Pesoz, José Valledor se suma a la ilusión de sus homólogos en la comarca, pero llama a colaborar para no perder este tren: "Creo que debemos involucrarnos más todas las administraciones y tirar para adelante con ello; o va ahora o no va a ir nunca". Sobre la posible conclusión de la parte principal de la obra, que estaría lista en 2021, Valledor considera que sería "un plazo justo", aunque es consciente de que en este tipo de grandes obras "siempre puede haber retrasos, y puede ser difícil".
"Anuncio preelectoral"
Más dudas genera la propuesta de la Consejería de Infraestructuras entre los grupos de la oposición en la Junta General del Principado. "Es una obra necesaria: si el Partido Popular estuviera en el Gobierno, lo haría. Sin embargo, con el PSOE anunciándolo preelectoralmente, nos genera profundas dudas", afirma la diputada popular Carmen Pérez García de la Mata. "Ya era hora de que el PSOE se acordase del Occidente en treinta años de gobierno, cuando vemos que los incumplimientos se suceden", añade.
Héctor Piernavieja, diputado autonómico de Podemos, ha mostrado "escepticismo" por la fórmula escogida para desarrollar esta vía. "Las diferentes formas de gestión público-privada en infraestructuras viarias se han mostrado como calamitosas para el interés general y las arcas públicas, y el experimento que parece lanzar la Consejería aparentemente va por el camino de pagar 300 millones de euros a una empresa para que realice una inversión de 180 millones. Vamos a solicitar que todos los detalles de la futura operación se hagan públicos", asegura.
