El PP regional acaba de presentar una solicitud en la Junta General del Principado para que el Gobierno regional entrege al partido una copia de los informes elaborados por las consejerías de Empleo y Servicios Sociales y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales sobre el funcionamiento del centro de servicios sociales.

La petición fue cursada por Matías Rodríguez, diputado por el Occidente, quien asegura que el funcionamiento de este servicio en Valdés es irregular. El gobierno de Valdés indica, por contra, que no hay nada que esconder y que todo lo que ocurre en el centro está fiscalizado por el Principado. Se da la circunstancia de que un trabajador del departamento ganó un juicio contra el Ayuntamiento: la sentencia consideró que se vulneró el derecho a la integridad física y moral del empleado. Tras conocer el fallo, el gobierno anunció cambios en el funcionamiento del centro.