En los ochenta el pleno de Tapia acordó ceder a la cooperativa agropecuaria de Tapia de Casariego un terreno en Mántaras donde la entidad tiene una nave. En 2015 la cooperativa pidió que se ejecutase dicho acuerdo y, ante la negativa del consistorio por falta de documentación, se llevó a juicio. En los tres pleitos, con un gran desembolso para ambas partes, el juez estimó la petición de la cooperativa. Lo rocambolesco del caso es que cuando el consistorio se disponía a ejecutar la sentencia mediante subasta de la parcela apareció el antiguo expediente, desconocido para ambas partes, que acreditaba que ya se había hecho todo el proceso y solo quedaba el último paso. Así pues, solo queda inscribir la parcela.