El Ayuntamiento de Tapia ha remitido la primera multa coercitiva a los propietarios de la vieja discoteca de la villa por incumplir los plazos de derribo previstos para este céntrico inmueble. El importe de la sanción es de 1.000 euros, si bien los dueños tienen un plazo para su recurso.
La alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, admite la lentitud de los trámites, pero defiende la gestión de este expediente. "El Ayuntamiento ha dado todos los pasos necesarios. Son procedimientos lentos, pero queremos hacerlos con todas las garantías", añade la regidora, que no descarta la imposición de sucesivas multas o, incluso, llegar a acometer la ejecución subsidiaria del derribo si la propiedad sigue eludiendo su responsabilidad.
En este sentido, la Alcaldesa indica que, según el decreto municipal, se pueden imponer hasta diez multas consecutivas separadas por un espacio de un mes. El límite de la sanción se ha fijado en el diez por ciento del presupuesto que establecía el proyecto de demolición presentado el año pasado por los dueños del inmueble.
Cabe recordar que, tras el derrumbe de la cubierta el pasado 18 de abril, Tapia dio un plazo de diez días a los dueños para presentar un proyecto de derribo. El documento se aprobó en julio, pero no fue hasta principios de diciembre cuando empezó el derribo, con la retirada de la cubierta de uralita. Sin embargo, pocos días después, los trabajos se paralizaron. El 21 de enero, y ante el riesgo de caída de parte de la fachada, se requirió a la propiedad a actuar de urgencia y tiró parte de los muros perimetrales. Desde entonces, no ha habido nuevas intervenciones en el inmueble.
El PP tapiego, único grupo en la oposición, se muestra muy crítico con la gestión de este asunto. "Faltó desde el principio la firmeza que requería este expediente", incide la edil Salomé Sánchez. Explica que, a los riesgos e impacto que genera la ruina, se unen las molestias que provoca a los vecinos por culpa de los fragmentos de los materiales aislantes que aparecen continuamente desperdigados por el barrio.
La regidora responde a las críticas de los populares recordando que en su época de gobierno no gestionaron bien el problema. En noviembre de 2016 el equipo popular requirió a la propiedad una actuación de urgencia y se les dio un plazo de tres días para actuar, pero "ni los dueños hicieron nada, ni el Ayuntamiento actuó". Añade Vigón que, con el mismo informe, su equipo requirió una actuación a los propietarios el pasado marzo y estos actuaron en la fachada principal. Sin embargo, pocas semanas después, con la villa llena por Semana Santa, la techumbre se hundió.
