El gobierno de Valdés negocia in extremis un acuerdo para evitar el derribo parcial del Cine Goya, ordenado por los tribunales en sentencia firme. El Alcalde, Óscar Pérez, mantiene conversaciones con la propiedad de una de las fincas colindantes al inmueble, que ganó al Ayuntamiento la batalla legal, y tiene esta semana de plazo para salvar el complejo, llamado a ser el nuevo Museo del Calamar Gigante de Luarca.
El juez dio un ultimátum para proceder al derribo, y para evitarlo las partes tienen que remitir a la sala que juzgó el caso un documento con "sólidos" argumentos legales y técnicos. El alcalde valdesano asegura que "hay que ser prudentes" porque la última palabra siempre la tendrá el juez. Él será el encargado de decidir la viabilidad de un acuerdo y un proyecto que permitirá dejar el edificio tal y como se rehabilitó.
El Gobierno valdesano estima que la operación podría costar 500.00 euros a las arcas municipales. El presupuesto de este año ya reserva 300.000 euros para hacer frente a una demolición que, en caso de no prosperar el acuerdo, no puede retrasarse más allá del mes de marzo. A ello había que añadir otros 300.000 euros para acondicionar el edificio tras el derribo. Es decir, el Ejecutivo local destaca que es más económico el acuerdo que derribar, además de evitar una obra muy impopular en un edificio público que pasó por toda la tramitación técnica sin advertir los problemas de volumetría y altura que, más tarde, sí denunciaron dos propietarias de terrenos anexos.
En caso de prosperar el acuerdo y tener el beneplácito del juez, se trataría de comprar el terreno que linda con el edificio y hacer en el solar el desarrollo que permita el planeamiento urbanístico. Según pudo saber este diario, se valora un aparcamiento o un parque infantil.
"Tenemos que intentar salvar el equipamiento", sostiene Pérez, quien asegura que se trata de un trabajo y un compromiso a dos partes y muy arduo. De hecho, pide "prudencia" porque, en un caso así, tiene la última palabra el juez y no las partes en su día enfrentadas.
En el Ayuntamiento no consta que el gobierno anterior contactara con la propiedad de la finca colindante para llegar a un acuerdo antes de la sentencia firme. El Ejecutivo actual sostiene ahora que la parte denunciante tenía "aspiraciones legítimas". En la sentencia, que es firme, se obliga al Ayuntamiento a retornar la legalidad, lo que lleva aparejado el derribo de una parte alta del edificio por no cumplir con la normativa en vigor.
El complejo no cuenta con salida de emergencia y su reforma atravesó por muchos problemas. El Ayuntamiento compró el cine en 2007, año en el que se hizo público que la compra y adecuación del edificio contaban con una inversión de 2.054.000 euros. De este montante, el Ayuntamiento aportaría 824.000 euros y el Principado, los 1,2 millones de euros restantes.
Para hacer el proyecto de rehabilitación el Ayuntamiento convocó antes un concurso de ideas (30.000 euros). La obra tuvo problemas en su ejecución por la precaria situación económica de la empresa adjudicataria. El destino del Cine Goya también cambió con el paso de los años. Estaba pensado como centro cultural y sede de congresos. Más tarde, se proyectó un centro de interpretación dedicado al ilustre luarqués Gil Parrondo. Trece años después de su compra, parece que se convertirá en Museo del Calamar Gigante, cuya ubicación inicial fue destruida por el oleaje.
