El Principado tiene prisa por poner en marcha su plan de choque para atajar las demoras en la valoración de los casos de dependencia. Lo estrenará en el Área Sanitaria I del Noroccidente, donde los retrasos entre la solicitud y la recepción de la ayuda son los más elevados de la región y pueden llegar a los tres años. El problema es que no todos los ayuntamientos implicados ven con buenos ojos su propuesta estrella de que sean los técnicos municipales los que asuman la valoración de los casos. Municipios como Navia o El Franco dudan de la eficacia de esta propuesta por la saturación y carga de trabajo que ya tienen los técnicos locales.
La directora de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, mantuvo ayer una reunión con los técnicos y los responsables políticos de los diecisiete concejos implicados y les explicó que está listo el borrador del convenio que articulará la encomienda de gestión para que los Ayuntamientos asuman esta nueva labor. Álvarez indica que el objetivo final es cumplir los plazos que fija la ley para que la dependencia se pueda reconocer en un plazo de cuatro meses.
El Principado espera aprobar la medida a principios de marzo, para iniciar entonces la formación de los técnicos, que podrían empezar a valorar casos en abril. La idea es que el Principado abone una cuantía a los ayuntamientos por cada valoración. De manera paralela, el Principado ha creado un grupo de valoración autonómico para apoyar al Área I, ahora mismo considerada "prioritaria".
La hoja de ruta que plantea el Principado choca con la visión de los ayuntamientos, que dudan de su eficacia. El Alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, explica que los concejos son los primeros interesados en que se agilicen las valoraciones, porque eso supone menos gastos para las arcas municipales que se ocupan mientras tanto de la atención de estas personas. Sin embargo, indica que no es asumible que sus técnicos valoren los 148 casos pendientes ahora en Navia. "Agradezco la buena voluntad de la Consejería pero no puedo decir que soluciono algo de una manera que es imposible de solucionar. Hace falta una solución cierta", señala. También la regidora franquina, Cecilia Pérez, duda que sea posible por la "saturación" de los servicios sociales municipales y teme pegas por parte de la intervención municipal al plantear que los ayuntamientos asuman una competencia que no es municipal.
Por su parte, el Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, lo ve más factible, considera "prioritario" resolver los atascos y alaba la "implicación máxima" de las técnicas locales. El resto de municipios de Oscos-Eo valoran unirse para contratar una persona que se ocupe de los más de 140 expedientes que suman. "Vamos a ver si intervención nos permite hacerlo. La necesidad es urgentísima", incide el Alcalde de Vegadeo, César Álvarez.
