“Cada tres generaciones se paga en impuestos lo que costaría comprar de nuevo la propiedad”. La afirmación es del economista tinetense Javier García, que llegó a esta conclusión tras realizar un estudio relacionado con los costes para el bolsillo de los ciudadanos que suponen aspectos como la recalificación catastral de suelo en las zonas rurales, una investigación que decidió emprender tras una experiencia personal que le impulsó a indagar en este tipo de cuestiones.
Todo comenzó cuando García decidió llevar a los tribunales la calificación catastral de las fincas que tiene en su pueblo, Bustellón, que en 2014 pasaron de tener una consideración de rústicas a urbanas. Explica que la razón del cambio se debió a la entrada en vigor del plan general de ordenación urbana de Tineo, en el que se delimitaba el terreno que se consideraba núcleo rural, pasando las fincas que estaban dentro de esa nueva delimitación del pueblo a considerarse urbanas para el catastro y, por lo tanto, incrementándose el precio que se tenía que pagar por ellas en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En el caso de Javier García fueron ocho las fincas afectadas, pero el economista asegura que esta situación se repite en la práctica totalidad de propietarios de todos los concejos de Asturias.
Inició su lucha para recuperar la calificación de rústicas para sus terrenos haciendo reclamaciones administrativas, pero tuvo que acabar recurriendo a la vía judicial, a la que llevó el caso de una de las parcelas afectadas. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) le dio la razón en 2018.
“Obligó al catastro a la recalificación del terreno de urbano a rústico otra vez y a compensar lo cobrado ilegalmente en el siguiente recibo, que ascendió a 235,3 euros. La base imponible de esta finca pasó de un total de 12.996 euros a uno de 208 euros y la cuota de IBI resultante se redujo de 55 euros a 2 euros”, explica el economista.
“El valor de los bienes en los pueblos se va a ir reduciendo según suban las tasas”, advierte
A raíz de esta experiencia decidió ponerse manos a la obra e iniciar un estudio en el que analiza lo que supone la recalificación catastral del suelo en las zonas rurales. Lo primero en lo que hace hincapié tras su investigación es en que el cambio puede llevar a engaño de los propietarios, al pensar que las fincas que pasan a ser consideradas urbanas pueden ser urbanizables, lo que asegura que en ocasiones eleva las expectativas de los dueños sobre su propiedad y “genera un comportamiento pasivo con relación a la subida de impuestos que el cambio provoca”.
Sin embargo, él mismo hizo la comprobación de solicitar en el ayuntamiento de Tineo la calificación urbanística de uno de sus prados, ubicados dentro de lo que consideran núcleo rural y la respuesta fue que era “no urbanizable de núcleo rural”. Contradiciendo así la calificación que le estaba otorgando el catastro al darle el valor de urbana, “que se aplica a un suelo edificado o a un solar en el que se pueda construir”, matiza.
Que el suelo pase de considerarse rústico a urbano no solo afecta al pago de IBI, sino también a los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y a la plusvalía, esta última además no se aplica en lo considerado rústico. De este modo, García calcula en su estudio que cada tres generaciones se paga en impuestos lo que costaría comprar la propiedad de nuevo.
A la luz de las conclusiones de su estudio, este economista considera que los cambios en la estructura económica rural que esto generará van a ser notables. “El valor real de esos bienes en los pueblos se va a ir reduciendo en la misma cuantía en la que suben los impuestos y habrá una confiscación por parte del Estado que se quedará con la mayoría, porque no habrá quien los quiera comprar ni tampoco heredar”, prevé.
