La Consejería de Industria está a punto de autorizar el proyecto de investigación “Palmira”, con el que la empresa Orovalle Mineral, S. L. pretende buscar oro, plata, cobre y wolframio en algo más de 4.800 hectáreas de terreno en los concejos de Boal, El Franco, Castropol e Illano. “En principio nosotros lo vemos con buenos ojos, somos favorables a que se pueda descubrir la presencia de cualquier tipo de mineral”, señala el Alcalde boalés, José Antonio Barrientos, cuyo concejo es el más afectado por este permiso.
Barrientos indica que en el municipio tienen otros dos proyectos de investigación autorizados, sin que de momento se haya iniciado trabajo alguno sobre el terreno. “Los dos anteriores estaban más centrados en el wolframio, que ya se explotó aquí, aunque no descartan ningún mineral, pero esta empresa quizás esté más interesada en el oro”, señala. Y es que Orovalle es la propietaria de la mina de oro de Boinás, en Belmonte.
Más prudente se muestra la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, quien explica que, aunque la investigación sea sobre un terreno muy amplio, será tras los resultados cuando se sepa si les puede afectar o no. “A la vista de los resultados habrá un escenario que se estudiará en su momento. Como siempre, velaremos para que se cumpla la normativa y no se dañe al municipio”, añade.
Más crítica se ha mostrado la Coordinadora Ecoloxista del Principado, a quien Industria ya confirmó la próxima concesión del permiso. “Lo hace sin atender nuestras alegaciones y las de los vecinos de la zona, pues sorprendentemente los ayuntamientos afectados no alegaron a pesar del impacto que conllevan estas explotaciones para el entorno”, señala el presidente de la entidad, Fructuoso Pontigo. Recuerda que ahora mismo en Asturias están vigentes 26 proyectos para buscar oro que afectan a un buen puñado de concejos, varios del Noroccidente.
Solo “investigación”
Pontigo explica que estos permisos de investigación se conceden por un periodo de tres años. Deja claro que, con la simple autorización, la compañía minera no puede acceder a las fincas afectadas. Debe solicitar el acceso a sus dueños y los pertinentes permisos a las administraciones locales.
El permiso de investigación “Palmira”, que afecta a 162 cuadrículas mineras, inició su tramitación en 2014 y, según precisa el Principado, se ciñe exclusivamente a labores de investigación. “El mero otorgamiento de este permiso no implica la existencia de una explotación minera”, explica Industria, que mantiene abierto desde finales de noviembre un plazo de 20 días para presentar alegaciones al otorgamiento de este permiso.
