El Ayuntamiento de Grandas de Salime y el Gobierno del Principado cerraron ayer filas y se enrocaron contra el demoledor informe de la prestigiosa organización no gubernamental internacional Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asociada a a Unesco, que considera “inaceptable” el proyecto de consolidación del castro del Chao Samartín y aconseja retirarlo. Ayuntamiento y Principado niegan las acusaciones y cuestionan la imparcialidad del Icomos.
La Consejería de Cultura defiende la intervención en el Chao Samartín y considera que el último informe del Icomos “no responde a la realidad del proyecto aprobado y a las indicaciones para su ejecución”. Además, agrega, omite que el pasado 30 de octubre el Ministerio de Cultura desestimó las denuncias sobre el posible expolio en el que podría incurrir. El Icomos, según subrayan los responsables de Cultura, ha realizado “su evaluación del proyecto sobre una documentación sin actualizar, previa a los acuerdos consensuados entre la Consejería y el Ministerio”.
Insisten, desde el Ejecutivo regional, en que el proyecto de obras de emergencia y consolidación del Chao ha sido consensuado con el Ministerio, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) y la Dirección General de Cultura y Patrimonio, y añaden que ambas administraciones, la asturiana y la central, acordaron constituir una comisión de seguimiento para garantizar la correcta realización de las obras.
Desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio indican que desde que en julio de 2020 se remitió a la presidenta de Icomos-España, Begoña Bernal, la documentación sobre el proyecto para el Chao Samartín, se ha intentado concertar una reunión con ella para trabajar en la búsqueda de soluciones consensuadas, sin ningún éxito. “La ausencia de respuesta por parte de Icomos-España ha hecho imposible que desde la Consejería se le pudiera mantener al tanto de los avances en la definición del alcance de la intervención”, señalan desde el Principado. Cultura entiende que el nuevo informe de Icomos no hace más que “reiterar” las objeciones que había señalado en el anterior, en diciembre de 2019. La intervención en el Chao Samartín, explica la Consejería, fue autorizada por el Ministerio en su resolución del pasado 29 de septiembre y el 30 de octubre las denuncias de expolio fueron archivadas.
El alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, se manifiesta en la misma línea que el Ejecutivo regional. “Hemos cumplido con todas las prescripciones de Madrid y del Principado y el proyecto sigue para adelante porque tiene todos los parabienes”, señala, tras conocer el informe emitido del Icomos, que considera que, pese a los cambios introducidos, el proyecto para consolidar Chao Samartín debe ser retirado por seguir presentes “cuestiones inaceptables desde el punto de vista conceptual y metodológico en la praxis arqueológica”, así como por “la ausencia de un peritaje arqueológico adecuado a la importancia del bien cultural”.
Revilla no está de acuerdo con estas apreciaciones y considera que el organismo “está actuando de parte, guiado por esta gente que está en contra del proyecto”. A su juicio, si el Icomos fuera “un organismo independiente habría aceptado entrar a formar parte de la comisión” de seguimiento creada por el Principado para controlar la ejecución del proyecto, adjudicado a finales del pasado año a la empresa Cyrespa por un montante de 605.782,75 euros. Si no hay novedades, la obra empezará a mediados de febrero y en verano el castro, datado en la Edad del Bronce, podría reabrir al público.
En su informe, el Icomos señala que no puede aceptar formar parte del citado órgano porque legitimaría así “una forma de proceder respecto a intervenciones en el patrimonio que no encuentra aceptable”. “¿Todo el mundo se equivoca menos ellos? Es surrealista. Lo lógico es que entraran en la comisión”, insiste Revilla, quien subraya que el Icomos no es la Unesco.
El caso es que el organismo no acepta los cambios consensuados el año pasado por el Principado y el Ayuntamiento para cumplir con los requerimientos que en su día realizó Patrimonio Nacional y lamenta que no se atendieran sus peticiones. En concreto, lo que pedía la ONG era un nuevo proyecto, pues cree que en el actual se plantean propuestas “abiertamente contrarias a la doctrina arqueológica internacionalmente compartida y que además conculcan la tutela patrimonial en razón del sistema legal vigente”.
Sin embargo, el regidor grandalés deja claro que el Ministerio, que llegó a abrir un expediente de expoliación (finalmente archivado) por la denuncia presentada por diferentes colectivos y expertos, nunca les planteó la redacción de un nuevo proyecto y que sus propuestas de mejora encajaban en el proyecto inicial como así se hizo. “Se trataba de elegir entre opciones y fue lo que se hizo”, añade.
