Si la Administración no cambia las condiciones, trece de los cotos de caza que funcionan en el Noroccidente podrían quedar sin gestión este año, lo que, alertan cazadores y ganaderos, ocasionaría una falta de control sobre especies como el jabalí, que causan cuantiosos daños en las zonas de cultivo. “No se ha atendido ninguna de nuestras peticiones y se plantean restricciones adicionales inasumibles”, denuncian catorce sociedades de caza de la comarca, que consideran que la Administración regional plantea una normativa poco acorde a las características de los pequeños concejos de la zona rural.
Entre sus peticiones está la de eliminar la condición de disponer de cien socios para la gestión de un coto, una cifra demasiado elevada para municipios poco poblados. También piden modificar las condiciones de vigilancia del coto, elevando el número de hectáreas por guarda, ya que, según la normativa actual, muchos cotos se verán obligados a contratar a dos personas, con el consiguiente gasto para las sociedades. Además, están muy molestos con la imposición de mantener el coto durante un periodo de diez años y piden que se les permita renunciar a la gestión si las cosas no van bien antes del citado plazo.
“No se ha atendido ninguna de nuestras peticiones y se plantean restricciones adicionales inasumibles”, denuncian varias sociedades de cazadores
“En Pesoz disponemos de ciento cincuenta y algo personas censadas ¿de dónde sacamos a cien cazadores si la inmensa mayoría es gente mayor por encima de los setenta años? Es inviable totalmente lo que nos piden”, precisa el secretario de la sociedad de cazadores El Tejón, de Pesoz, Daniel Valledor. Explica que los cotos pequeños tienen una economía de “subsistencia” y que, si se les añaden gastos añadidos como aumentar el número de guardas, se asfixiará a los colectivos.
Valledor tiene claro que si se pierden los cotos, aumentarán los daños ocasionados por la fauna salvaje, no solo en los cultivos, sino también por los atropellos en las carreteras. Pone como ejemplo el coto de Navia, que quedó sin gestión hace unos años y donde la cifra de daños ha aumentado de manera alarmante. “Eso lo paga el Principado, imagina si esto se multiplica por trece cotos más. Sería un impacto brutal”, augura.
“Falta de comunicación”
El presidente de la sociedad de cazadores El Franco, Laureano Fernández, deja claro que los colectivos están “dispuestos a renovar, y teníamos un compromiso con los ganaderos para hacerlo, pero en estas circunstancias no podemos”. Las catorce sociedades que gestionan estos trece cotos (las de San Tirso y Taramundi comparten uno) cuya concesión está a punto de caducar, emitieron ayer un manifiesto conjunto quejándose del pliego de condiciones emitido por la Dirección General de Medio Natural. Lamentan la “falta de comunicación” con la Administración por obviar los problemas planteados en una reunión previa celebrada en febrero. Exponen su decisión de no concurrir a la renovación de la concesión en los términos actuales, aunque se muestran dispuestos a negociar si el Principado reconsidera su postura.
Diez alcaldes del Noroccidente mantuvieron ayer a primera hora una reunión telemática con el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo y el director de Medio Natural, David Villar, para abordar este problema. Este último dijo que la caza es esencial “para el control de los daños de la fauna salvaje” y se comprometió a iniciar la próxima semana una ronda de contactos con los responsables de los cotos para buscar soluciones.
El PP, que mantuvo una reunión con los cazadores, asegura que el pliego para la renovación es “otro golpe más para el sector primario y el medio rural”. Además, los populares subrayan que la actividad cinegética, no solo reporta ingresos, sino que exime de muchos gastos a la Administración, ya que son los cazadores los que pagan los daños.
