El Principado ha declarado la urgente ocupación de las fincas ubicadas en Naraval (Tineo) afectadas por la expropiación para la realización de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-219, que va de Luarca a Pola de Allande, en concreto en el tramo entre Navelgas y Naraval. El destino de esas fincas será la de convertirse en las zonas donde se realizará el acopio del material sobrante que genere la obra.

Desde que el verano pasado se anunciara la necesidad de expropiar esas fincas del pueblo de Naraval, que tienen un uso agrario y están situadas próximas a viviendas y a la iglesia de la localidad, los propietarios de las mismas y los vecinos mostraron su oposición. Pusieron sobre la mesa otras posibilidades fuera del pueblo para utilizarlas como escombrera, pero la Administración autonómica las rechazó argumentando que suponían unos sobrecostes del contrato “inasumibles”.

Este fue un proceso que obligó a paralizar en septiembre las obras en la carretera, que ya estaban iniciadas, y que así continúan a la espera de que sea efectiva la expropiación. No obstante, algunos de los propietarios tienen claro que van a recurrir la decisión del Consejo de Gobierno que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). En él se recoge que se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado en el plazo de dos meses o también un recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la resolución.

Desde la dirección general de Infraestructuras Viarias y Portuarias explican que la razón que lleva a pedir la urgente ocupación es que las fincas a expropiar “forman parte del proyecto inicial aprobado” y que contar con ellas es vital para continuar con la obra. “La no ocupación conlleva la suspensión temporal total de las obras, lo que dejará tajos abiertos sin concluir, que se deteriorarán debido a las inclemencias meteorológicas, representando una merma en la seguridad vial de la carretera”. Además, apuntan que será difícil cumplir con la anualidad contractual y que existe riesgo de “afrontar una posible indemnización por daños y perjuicios a la constructora” y subrayan que la no ocupación de los terrenos afectaría “seriamente el interés general”.

Por su parte, los vecinos creen que es “vergonzoso” que la Administración haya alargado ocho meses la toma de una decisión para finalmente no aportar ninguna solución a los afectados y que se vaya a seguir adelante con el planteamiento inicial.