El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha validado la resolución de la Consejería de Infraestructuras que dio marcha atrás al desarrollo de la obra de acondicionamiento general del corredor del Navia (carretera AS-12 entre Navia y Grandas de Salime) mediante el sistema de concesión a una empresa, fórmula conocida como “peaje en sombra”. Los alcaldes de Grandas de Salime, Boal, Illano y Pesoz habían presentado recurso contra la citada decisión, emitida el 20 de diciembre de 2019 y que suponía la renuncia del Gobierno regional al ambicioso plan anunciado durante la legislatura anterior para acometer la actuación en la calzada.
El recurso había sido valorado inicialmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tiene capacidad para suspender licitaciones, modificarlas u obligar a retomarlas. Allí se desestimó alegando “falta de legitimación de la Administración local”. Algo que ahora rechaza el TSJA, que en su fallo sí admite que los ayuntamientos estaban legitimados para presentar el recurso. Pero en lo que se refire al fondo de la cuestión, la magistratura asturiana desestima la petición de las administraciones locales para que se obligase al Principado a continuar con la tramitación que detuvo a finales de 2019 o que justificase por qué se paralizó. Según el TSJA, la decisión de Infraestructuras “es ajustada a derecho”.
La sentencia del Tribunal Superior podía ser recurrida, pero los alcaldes demandantes decidieron no seguir adelante al considerar que la reclamación probablemente no tendría mucho recorrido. No obstante, el alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla, que ejerce de portavoz de los regidores afectados, asegura que ellos seguirán defendiendo la opción del “peaje en sombra” que se les planteó al final de la anterior legislatura. “Creemos que es la fórmula más adecuada para que la obra se ejecutase en un plazo razonable”, defiende.
De hecho, los alcaldes encargaron un estudio a un catedrático de Derecho Administrativo para conocer el impacto en las cuentas públicas de llevar a cabo la obra en régimen de concesión y entre sus conclusiones apuntó que la información de la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, “permite augurar con bastante seguridad que una concesión como la prevista para la reforma de la AS-12 no incrementaría el déficit y deuda públicos”. Eustaquio Revilla explica que hicieron llegar el dictamen al Principado solicitándoles un contrainforme y “después de más de tres meses todavía no nos lo han presentado”, lamenta.
Lo que sí les presentó el Principado es un nuevo plan para mejorar la vía. Pero los plazos no les convencen. “Nos llevaría hasta el año 2032 o 2033 y lo que nos interesa es que sea rápida, por eso vamos a luchar para que se reduzcan los plazos y la fórmula es sencilla, bastaría con que se aumenten los presupuestos anuales para esta obra”, subraya Revilla.
