“Perdida”. Así se siente la salense de 30 años Laura Rubio, sorda de nacimiento, quien no tiene profesor intérprete en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de Documentación y Administración sanitaria del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cerdeño, en Oviedo.

Su periplo por la Administración regional empezó el pasado 17 de septiembre, cuando dieron inicio las clases sin que ella contara con el apoyo al que, recalca, tiene derecho por ley. Desde entonces ha remitido un escrito a la Consejería de Educación y se ha dirigido al centro. Todo, sin respuesta.

Los días siguen pasando, la materia de cada asignatura avanza y Rubio se entera “de poco o de nada”. El rendimiento es casi cero cuando, además, compañeros de aula y profesores utilizan mascarilla. “Lo tenemos muy difícil porque con esta nueva situación no podemos leer los labios”, señala.

Estos días siente especial abandono porque las semanas transcurren sin previsión de cambio. Detrás de su caso se encuentra la Federación de Personas Sordas del Principado, organismo que se encargó de facilitar su presentación en el centro el primer día. “El problema es que como alumna con discapacidad tengo derechos que no se reconocen”, reivindica Laura Rubio.

En julio solicitó la preinscripción en el ciclo formativo con todo su entusiasmo. Se quedó en lista de espera. El 14 de septiembre llegó la feliz noticia: su admisión. “Cuando supe que tenía plaza formalicé la matrícula y adjunté un escrito de solicitud de intérprete al director del centro y también a la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa”, relata. Entonces nadie le garantizó que fuera a tener apoyos en su nueva aventura como estudiante, “pero gente conocida me dijo que solo me concederían una hora al día, cuando, como alumna con discapacidad auditiva, debo disponer de intérprete seis horas al día”. Dejó atrás esa lucha, la de las horas, porque ahora se encuentra con “cero apoyo”. “En todas las asignaturas se explica la teoría a través del proyector y de resúmenes en la pizarra y estoy muy perdida”, dice la joven de Salas, quien tiene dos títulos de Formación Profesional, el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes; y el también grado medio de Gestión Administrativa. Ambos los cursó con intérprete de lengua de signos, por eso sus dificultades actuales le sorprenden tanto. “Tengo los apuntes, pero me urge un intérprete para poder entenderlos”, explica. Con sus profesores se comunica por escrito, algo que lleva mucho tiempo y no es del todo eficaz: “A veces, me cuesta expresar lo que quiero contar”.

Detrás de su historia como estudiante con logros académicos hay otra de “de mucho es esfuerzo” y esperanza. “Todo lo que he conseguido fue gracias a las personas que me acompañaron con la lengua de signos; me ayudaban mucho a traducir todo lo que explicaba el tutor”, cuenta, y advierte que no dejará de asistir a las clases.

La Federación de Personas Sordas del Principado recuerda que la ley 27/2007 de 23 de octubre reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en sus artículos 1, 7 ,8 16, 17 y 19a. “Se reconoce la lengua de signos como un idioma oficial en España y se insta a los poderes públicos a dotar a los alumnos con sordera de los recursos necesarios en los centros escolares”, subrayan.