El procedimiento de deslinde iniciado por la Administración regional en montes vecinales en mano común en Ibias ha despertado la incertidumbre de los vecinos afectados, que temen que pueda reavivar viejas rencillas por los límites territoriales y causar conflictos entre las comunidades. Es lo que preocupa a los pueblos afectados por el deslinde del monte de Ferreira que se está llevando a cabo en la actualidad y que incluye a Busto, Caldevilla, Folgoso y Villajane. Sin embargo, dar solución a esos conflictos por los lindes enquistados desde hace años entre diferentes pueblos es lo que el servicio de montes de la Consejería de Medio Rural explica que pretende hacer al iniciar este trámite para el que aseguran que la Ley de Montes les otorga las competencias, con el objetivo final de que el terreno se pueda aprovechar mejor al estar delimitado y al eliminar las zonas conflictivas.
En Ferreira se están dando los primeros pasos del proceso de deslinde recogiendo la documentación y la información que cada una de las juntas vecinales afectadas aporta sobre los límites de sus montes. Un primer paso en el que se ve claramente que no existen coincidencias entre las fronteras que marcan cada una de las partes. Una situación que el ingeniero operador del servicio de montes, Juan Carlos García Pérez, apunta que es lo habitual. Explica que “la Administración es neutral, analizamos la documentación que hay y su validez jurídica para marcar los límites, nadie tiene preferencia en este proceso”. Añade, además, que el objetivo es “delimitar la posesión del monte para dar seguridad jurídica a los comuneros para que puedan hacer actuaciones en él, porque ahora se queda mucha superficie productiva parada por no saber a quién pertenece su aprovechamiento y para evitar problemas”.
No obstante, para uno de los afectados por el deslinde, el procedimiento que se está llevando a cabo no responde a las normas que deberían regir en el siglo XXI. Isabel Fernández, presidenta de una de las juntas del monte vecinal en mano común de Busto, considera que el proceso de deslinde se está realizando siguiendo “un decreto de la época de Franco, donde abren el expediente para delimitar un monte conforme a lo que los vecinos describieron en unas fichas carpeta a finales de los años setenta y los ochenta, cuando lo que deberían intentar hoy en día es llegar a acuerdos y conciliaciones entre los vecinos para lograr una solución pactada y empoderar a las comunidades”. A su entender, el procedimiento que se está desarrollando por parte de la Administración es “autoritario” y siente que al final “van a expropiarnos un trozo de monte vecinal y eso es injusto”.
