Los alcaldes del Alto Navia reclaman a Barbón que acorte los plazos del corredor

Los alcaldes del Alto Navia (Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime) reclaman al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “reaccione” y estudie más alternativas para que la mejora del corredor del Navia, la carretera AS-12, se haga antes de diez años, plazo que está actualmente proyectado. “Ese tiempo es una barbaridad”, sostiene el portavoz de los regidores y alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla (PSOE), quien exige reunirse de nuevo con el líder del ejecutivo regional para estudiar y reflexionar sobre el asunto.

En la zona vuelve a despertar el malestar con el Principado después de la visita del consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, a la Feria de la Miel el sábado 30 de octubre. En esa cita afirmó que no es posible agilizar más las obras por un cuestión técnica y burocrática. Solo prometió dejar una hoja de ruta diseñada para que otros gobiernos, al margen del color político y de los compromisos electorales, continúen con la mejora del trazado, acortando la distancia entre estos concejos y los de la costa occidental. “Nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento y creemos que siempre se puede hacer algo más y mejorar los plazos”, apunta Revilla. El alcalde grandalés opina, además, que el presidente del Principado “todavía no presentó a los alcaldes un contrainforme a nuestra propuesta inicial”. Es decir, a la concesión a una empresa privada.

“Incumplimiento”

Los alcaldes, todos socialistas, creen que el gobierno regional no cumple con sus compromisos electorales. “No hacer la reforma integral como se planteó es a todas luces un incumplimiento”, dice Revilla. El portavoz de los alcaldes del Alto Navia carga contra su propio partido por hacer campaña en la comarca prometiendo una obra integral para el corredor del Navia que ahora “no proyecta ni hace”.

La mejora de esta vía de comunicación se busca desde hace décadas. Fernando Lastra promocionó en 2018 como solución una concesión a una empresa privada por 30 años con un canon anual público de 10 millones. Adrián Barbón dio marcha atrás a este planteamiento.

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