“Nunca dejaron de recibir educación, y en Portugal, donde los escolarizamos, pasaron de curso”, dictamina María Teresa Morales, que está acusada, junto a su pareja, Felipe Canela, de “abandono de familia”, debido al persistente absentismo de sus dos hijos, uno en segundo de ESO y otro en quinto de Primaria en dos centros de Cangas del Narcea. Esta mañana se celebró la vista oral, donde fueron citados a declarar ambos progenitores y dos testigos, los directores de los centros donde los menores estaban cursando los estudios. Los padres se enfrentan a una petición de la Fiscalía de once meses de prisión para cada uno.
El problema surgió a raíz de la pandemia. Temían por la salud de sus hijos, y, debido a ello, enviaron un escrito a ambos centros escolares donde estaban matriculados los menores, solicitando que no acudieran de forma presencial a clase. En ambos casos les respondieron que no era posible, debido a los protocolos emitidos por la Consejería de Educación, donde se exigía presencialidad. Primero, perdieron la evaluación continua y se les requirió para hacer los exámenes, de forma extraordinaria. El mayor no acudió a ninguno y el menor hizo solo algunas asignaturas.
En diciembre, ante la situación, la Fiscalía de Menores les alertó de que si la situación persistía podían incurrir en un delito de “abandono de familia”. En ese momento, habían matriculado a los niños en un colegio americano, que optaba por el “Home schooling” (educación en casa), pero ese centro no estaba homologado en España. Así lo advirtieron los centros cuando les solicitaron el traslado de expediente en primer lugar, según la declaración de los testigos, y luego la propia Fiscalía. Los padres negaron conocer esa situación hasta el requerimiento judicial del pasado año.
En ese punto, según la declaración de los padres, decidieron dar una solución a la situación y fue cuando empezaron a buscar vivienda en Portugal, donde ese tipo de educación sí que está homologada. “La educación domiciliaria es legal en muchos países de Europa. Como padres preocupados por nuestros hijos, nos vimos obligados a abandonar el país y escolarizarlos en Portugal. Esto que nosotros hemos hecho, en España se considera criminal, en un país libre y democrático. Se nos presiona por lo que nosotros planteamos”, señaló el padre al salir del juicio.
Sin embargo, los niños no figuraron como matriculados en un colegio portugués, donde sí que se permiten los estudios a domicilio, hasta el mes de abril. Luego, el absentismo, según dijo la Fiscal, se hubiera producido en el primer y segundo trimestre del pasado curso 2020-2021. “Nunca nos habíamos planteado hacer nada así. Nuestra actitud había sido preservar su salud y poder seguir educando a nuestros hijos. Teníamos que continuar. Hemos hablado con ellos, lo entienden. Ellos están educados. Me ha parecido que hay una intención de castigarnos, no sé exactamente por qué. No hay ninguna intencionalidad y han seguido educados. ¿No se han sentado en el pupitre? Efectivamente. Pero se han sentado en casa”, resaltó la madre. En este sentido, al final de la vista oral, la Fiscal reiteró sus conclusiones y acusaciones al apreciar "incoherencias".
