Siete meses de prisión para los padres de Cangas que dejaron de llevar a sus hijos al colegio por temor al covid

Condenados a siete meses de prisión por desobediencia, pero absueltos del delito de abandono de familia. La magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo ha fallado contra los padres de Cangas del Narcea que, por sus temores a cómo iban a tener que afrontar sus hijos el covid en los colegios en los que estudiaban -el IES de Cangas del Narcea y el Colegio Público Rengos- dejaron de llevarles a los centros educativos. Consecuencia de ello, los menores perdieron el curso escolar.

Dice la jueza que, como bien apuntaba la Fiscalía en su acusación, “las razones que llevaron a los acusados al absentismo escolar de sus hijos carecen de la más mínima justificación, como además se ha demostrado en atención a la evolución escolar del resto de niños españoles, a quienes ninguno de los perjuicios esgrimidos por los acusados les ha sido causado por la aplicación de medidas higiénico-sanitarias en el ámbito escolar”. Pero también lo es “que los acusados no privaron a sus hijos de la educación obligatoria -ya que les escolarizaron en casa-, aunque ciertamente ambos menores perdieron un curso escolar por la actitud contumaz de sus padres”.

"Nunca dejaron de recibir educación", alegan los cangueses que no enviaron a sus hijos a clase durante la pandemia

La jueza ha asumido la acusación por desobediencia que presentó la Fiscalía de Asturias, ya que en el juicio quedó suficientemente acreditado -de hecho los padres nunca lo negaron- que  debido a la situación reinante con motivo de la pandemia generada por el covid-19, con las consiguientes medidas de seguridad impuestas en todos los ámbitos, incluida la vida escolar -el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, FFP2, o de otro tipo; la aplicación regular de gel hidroalcohólico; y el distanciamiento físico entre alumnos y profesores, entre otras-, los acusados decidieron que sus hijos, de 14 y 10 años, no acudirían a las clases presenciales durante el curso escolar 2020-2021.

Les matricularon, eso sí, en una escuela a distancia que no está homologada en España, y eso ha sido lo que les ha librado de que prosperara también la acusación de abandono de familia.

Como quedó reflejado en el juicio, las direcciones de los dos centros educativos intentaron que los padres entraran en razón y como nada cambiaba tuvieron que avisar a Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores. Desde la Fiscalía se les insistió en la “obligación legal de escolarizar a sus hijos en centro homologado y presencialmente”, y se les avisó de que “de no hacerlo podrían incluso incurrir en un delito por desatención de las obligaciones familiares o delito de desobediencia y podría dar lugar a la adopción de medidas de protección desde los Servicios Sociales, e incluso de persistir la situación podría llevar a la suspensión o pérdida de la patria potestad”. Nada de eso tuvo efecto.

Los padres se aferraron a sus “particulares argumentaciones e interpretación de las consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas en nuestro país (y en la práctica totalidad del planeta), carentes absolutamente de justificación y de rigor”, dice la jueza. E impidieron que sus hijos siguieran de una forma normalizada el curso escolar. Pero sí es cierto, indica la magistrada, que “desplegaron cuantas actuaciones tuvieron por conveniente a fin de salvaguardar el derecho a la educación de sus hijos y la obligación de garantizarla como padres”. Así, en el mes de septiembre de 2020 les matricularon en una escuela americana de educación a distancia, la Clonlara School, aunque sin homologación en España, solicitando de los directores de los centros escolares de sus hijos la remisión de los respectivos expedientes académicos, y posteriormente les matricularon en un centro educativo en Portugal, concretamente en el Colegio Sâo José de Coimbra, en la modalidad Ensino Doméstico, en el que siguen ahora.

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