“Solicitamos al Principado de Asturias que deniegue de manera rotunda los permisos y autorizaciones a la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico para el Proyecto de explotación minera de Salave y que, de una vez por todas, se creen figuras de protección que alejen para siempre la posibilidad de una industria extractiva tan contaminante en el occidente asturiano”. Es la conclusión del denominado “Manifiesto de oposición a la mina de Salave” que se hizo público ayer con la firma de 54 entidades.
El manifiesto salió de la “histórica” reunión celebrada el 13 de noviembre en el Ayuntamiento de Tapia y en la que participaron varios alcaldes y concejales del Noroccidente. Sin embargo, los representantes políticos no firman este documento, que sí secundan cofradías y colectivos de pescadores como la Federación Nacional de Cofradías; ganaderos (firman un grupo de 28 ganaderías de la comarca) o las principales escuelas de surf de la zona. Junto a ellos figuran empresas, asociaciones de hostelería y turismo, colectivos culturales, así como agrupaciones ecologistas y la plataforma Oro No, que canaliza desde el principio la oposición vecinal al plan.
Las entidades exponen sus razones para oponerse al proyecto y dejan claro que “no cejaremos en nuestro empeño de defender nuestra tierra y familias, desarrollando las acciones y movilizaciones que estén a nuestro alcance”. En este sentido, indican que su siguiente paso será mantener reuniones con diferentes responsables del Principado, entre ellos el presidente, Adrián Barbón, con el fin de lograr una declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto de Salave.
Los firmantes dejan claro que se sienten “desamparados y desprotegidos ante un proyecto que supondría un grave perjuicio a todos los niveles para la zona” y recuerdan que el plan de EMC, firma a la que acusan de “mentir”, es el tercero que se presenta para Salave en 16 años. En el argumentario contrario a la mina, el manifiesto destaca el temor a que el proyecto “afecte irremediablemente” a la forma de vida de la zona, además de reiterar su preocupación por el emisario submarino que se plantea y por el impacto “visual y paisajístico” de unas instalaciones mineras que ocuparán 52 hectáreas de terreno.
