El presidente de Tragsa, Jesús Casas, defendió ayer que esta empresa pública haya recibido la adjudicación de las obras de restauración de la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo (Ibias). La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) ha impugnado el procedimiento ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por posible vulneración de la libre competencia.

Casas respaldó el que llama “encargo” hecho por el Principado y admitido por Tragsa “por ser legal y transparente”, si bien “respeta” la decisión de la patronal de presentar una denuncia. “Están en su derecho y por suerte este tribunal suele pronunciarse pronto, pero quiero que quede claro que a nadie se le puede ocurrir que un procedimiento de estas características tenga algo de anómalo o ilegal y que una empresa como Tragsa, que es pública, lo dé de paso”, aclaró.

Casas sí dijo sentirse molesto por las dudas generadas y aclaró que el grupo es enteramente público, está presente en todo el territorio español y actúa en este caso bajo requerimiento del Principado. “Estamos tranquilos, no es la primera vez que hacemos una actuación de este tipo en el país. Hemos trabajado en restauraciones mineras en León sin ir más lejos y tenemos experiencia”, destacó.

La patronal no ve tan claro el procedimiento y entiende que la decisión del Principado de encargar esta actuación valorada en casi 50 millones a Tragsa “no solo impide la concurrencia empresarial para optar a la ejecución de estas obras, sino que impide también la posibilidad de obtener un mejor precio, de forma que por parte del gobierno regional se gastará de forma absolutamente injustificada más de lo que realmente se gastaría si hubiera optado por un procedimiento abierto”.

A este respeto, Casas subrayó que empresas como Tragsa siempre trabajan con precios no superiores a los del mercado y que está previsto contratar a personas de la zona y servirse de proveedores de la comarca para que con esta actuación también gane Ibias y los concejos vecinos.