La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) “llegará hasta las últimas instancias jurisdiccionales para frenar las adjudicaciones abusivas a empresas públicas”. Así lo señaló ayer la entidad a través de un comunicado en el que insiste en la crítica a la adjudicación a la empresa pública Tragsa de las obras de restauración de la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo (Ibias) por parte del Principado.
CAC-Asprocon impugnó hace unos días ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la adjudicación a Tragsa de estas obras por parte de la Administración autonómica. Esta impugnación “es solo un primer paso para evitar que se generalice esta práctica”, incide la entidad.
La patronal de la construcción “está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias jurisdiccionales, incluso europeas, para tratar de poner freno a una práctica habitual y que debiera ser excepcional y para supuestos tasados, como son los encargos a empresas públicas de contratos administrativos que perfectamente podrían sacarse a licitación pública, inyectando fondos en el tejido empresarial y consiguiendo mejores precios para la Administración”.
El colectivo añade que el recurso administrativo contra la adjudicación “es la primera piedra dentro de la intención de la patronal de velar por los intereses de todas las empresas del sector” y subraya asimismo que resulta “sorprendente que sea la propia Confederación la que de esta manera vele por los intereses presupuestarios de la Administración pública y del principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos”.
Con independencia del pronunciamiento que dicte el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, concluye la Confederación, “por parte de CAC-Asprocon se tiene la intención de agotar todas las vías administrativas y jurisdiccionales existentes para evitar que se consolide una práctica abusiva e injustificada en muchos casos, como sería el de los trabajos de Tormaleo”.
