La empresa aurífera Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), promotora del plan para extraer el oro de Salave, ha criticado este miércoles la decisión de la Alcaldesa, Ana Vigón (PSOE) de inadmitir a trámite su solicitud de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cabida a las instalaciones de su proyecto extractivo. La firma apela al interés general de las concesiones mineras y lamenta "la decisión subjetiva" de la regidora que "creemos, no responde al sentir de la población ni a la importancia del proyecto que se plantea para la zona". Las reacciones no se han hecho esperar en Tapia y mientras la plataforma Oro No, que canaliza la oposición al proyecto, aplaude la "valentía" de la regidora, los defensores del plan, a través de Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias (IDOA), lamentan que Vigón haga campaña electoral con este asunto. También PP y Foro, con representación en el consistorio, ven "electoralista" el anuncio a cinco días de las elecciones.
EMC considera que el decreto de Alcaldía emitido el pasado 19 de mayo inadmitiendo su solicitud para que el suelo afectado por el plan aurífero pase a ser Suelo No Urbanizable de Interés Minero, no solo es una decisión "subjetiva", sino que en ella la Alcaldesa adopta decisiones que corresponden al pleno de Tapia. "Esto parece una decisión de la Alcaldía que se arroga funciones que, en principio, le corresponderían al pleno y al que parece no haber consultado", señala EMC en un comunicado, en el que deja claro que está analizando desde el punto de vista jurídico la documentación remitida. La compañía minera expone que las concesiones mineras de explotación como las que existen en Salave son otorgadas por el Estado "con carácter de interés general". Esto, añade la minera, "implica la obligación de desarrollar los recursos que en ellas se encuentren".
El decreto de Alcaldía, apoyado en un informe de treinta y nueve páginas, deja claro que el proyecto minero de EMC "es incompatible con el actual planeamiento urbanístico", al estar los terrenos afectados protegidos y calificados como Suelo no Urbanizable de Interés Agropecuario y Forestal, así como de Especial Protección de cauces fluviales. El documento citado fue adjudicado a un gabinete jurídico el pasado 13 de enero y esta firma lo presentó en el Ayuntamiento el pasado miércoles, 17 de mayo. La regidora dictó el decreto el viernes 19 de mayo y no lo hizo público hasta este martes, una vez se aseguró de que EMC lo tuviera en su poder.
La regidora deja claro que la Alcaldía es el órgano competente para resolver dicha inadmisión y que se llevaría el asunto a pleno si se decide favorablemente el inicio de la tramitación, pero no ante una petición. "No tomo decisiones sin fundamentar y en este caso está más que fundamentada", señala Vigón quien responde a quien califica su decreto como electoralista que si hubiera tenido antes el informe lo hubiera emitido inmediatamente. En este sentido recuerda que EMC presentó ya un contencioso contra el Ayuntamiento de Tapia el pasado septiembre sobre la desestimación presunta por silencio administrativo al no dar respuesta a su solicitud sobre la modificación del planeamiento, entre otros asuntos.
El socio de gobierno del PSOE, el edil de Foro, Guzmán Fernández, no está de acuerdo con el proceder de Vigón y sostiene que la Ley nacional de minas prohíbe el veto a los proyectos mineros sin su consiguiente tramitación para ver si cumplen o no con lo permitido. "La Alcaldesa se está saltando pasos y de esta manera lo que está haciendo es darle ventaja a la empresa porque abre las puertas a que la lleven a juicio y logren el permiso por sentencia judicial", alerta Fernández. Cabe recordar que hace unos meses la regidora le retiró las competencias en lo referente a los trámites ligados a la empresa minera al entender que había asumido gestiones que no le correspondían. Cuenta el edil forista que él al ver la petición de EMC pidió un informe medioambiental al Principado. "Lo suyo habría sido esperar la respuesta del Principado, pero la Alcaldesa lo paralizó todo y decidió pedir un informe a un particular. Si se hace a través del Principado no hay forma de rebatirlo porque lo que dicta es ley. Es una auténtica barbaridad hacerlo así", añade Fernández, quien ve "totalmente electoralista" el decreto de Ana Vigón.
Por su parte, el PP, principal grupo en la oposición, también ve "claramente electoralista" la decisión de la regidora y se pregunta por qué se tardó tanto cuando EMC solicitó la modificación hace más de un año. "El PP está con la legalidad vigente. Y nuestro PGOU no permite ese tipo de explotaciones. Pero no las permite desde que se aprobó, no sé porque se anda mareando la perdiz siempre", señala el portavoz popular, Pedro Fernández. Sobre su postura política al respecto del plan minero, el edil de Foro explica que este tema "se debe solventar en el pleno del ayuntamiento cuando llegue el momento", pero antes, deben darse los procedimientos legales porque "no se puede admitir ni denegar porque sí; es un proceso reglado y hay que seguir unos pasos".
Por su parte la regidora explica que su partido, y así lo reflejan en el programa electoral, considera que Tapia tiene en el medio ambiente y en su preservación "uno de sus mayores recursos y potenciales, siendo una de las mayores apuestas para permitir el desarrollo de nuestros pilares económicos". En este sentido, apuestan por "un sector primario de calidad, un turismo basado en sus recursos naturales y una industria que apueste por la utilización de materias primas locales y la sostenibilidad como bandera".
La plataforma "Oro No", que lleva más de una década luchando contra los proyectos extractivos que se plantean en Salave, ha emitido un comunicado para "agradecer y reconocer" a la Alcaldía la "valentía" de la decisión adoptada. "Esta decisión tiene una gran importancia ya que , por una parte, confirma que el actual PGOU no permite el desarrollo de proyectos mineros en el concejo y, por otra, como siempre hemos mantenido, confirma que el Ayuntamiento tiene las competencias necesarias para ser un actor fundamental y necesario en la tramitación de estos proyectos", indican, convencidos de que la corporación tiene "argumentos jurídicos y legales más que de sobra" para impedir los planes mineros. "Ya no sirve el recurso fácil de escudarse en que es una decisión del Principado", añaden al tiempo que piden a los partidos "claridad" sobre su postura ante el plan minero que, consideran, debería ser tratado "como una cuestión de estado" por los partidos de Tapia.
Por último, la Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias (IDOA) considera que el decreto de Alcaldía "es otra manifestación más del sectarismo y parcialidad de la Alcaldesa de Tapia" que, a su juicio, "se apropia del Ayuntamiento para hacer campaña electoral". "Esto es un decreto que hace ella prácticamente de manera personal. Se apropia funciones que parecen del pleno. La decisión de la Alcaldesa está condicionando el futuro de Tapia y está utilizando esta decisión como arma puramente electoral", señala el colectivo liderado por Magdalena Marentes.
