Una vía legal para acelerar inversiones

El Principado tramita ya la mina de Salave, en Tapia de Casariego, como proyecto singular

Los promotores del proyecto aurífero registraron la solicitud en cuanto se aprobó la norma autonómica

Sondeos para la redacción del proyecto de la mina de Salave. | G. G.

Sondeos para la redacción del proyecto de la mina de Salave. | G. G.

Vicente Montes

Vicente Montes

La consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico tramita ya la solicitud formulada por los promotores de la mina de Salave (Tapia de Casariego) bajo el auspicio de la ley de proyectos de interés estratégico, vigente desde el pasado 27 de diciembre. Según ha podido saber este periódico, la solicitud se registró el día 30 de diciembre, una vez que la nueva ley entró en vigor, y la consejería de Transición Ecológica ya está realizando trámites administrativos para encauzarla.

La ley de proyectos de interés estratégico establece una tramitación "exprés" y distinta para aquellas inversiones que cumplan ciertos requisitos. El proyecto de la mina de oro en Salave ha chocado con el rechazo del ayuntamiento de Tapia de Casariego, que se ha opuesto a modificar el plan urbanístico para permitir la implantación de la explotación minera. El rechazo fue unánime en el concejo, con los votos a favor del Partido Popular y el PSOE.

Ese impedimento se bordeará con la tramitación por la vía de proyectos de interés estratégico. La ley establece que si un proyecto recibe la declaración de "interés estratégico", el Gobierno regional podrá ordenar cambios en el planeamiento urbanístico del concejo. La tramitación legal también fija la hoja de ruta que seguirá ahora el proyecto de Salave. Así, una vez recibida la solicitud, la consejería de Transición Ecológica trasladará a la Agencia Sekuens la documentación y será esta la que solicite informes añadidos, entre ellos el del ayuntamiento de Tapia de Casariego.

La norma señala qué ocurrirá en el caso de que el proyecto entre en colisión con el planeamiento urbanístico o los criterios del concejo. En ese caso, el proyecto se someterá a información pública por un plazo de veinte días y si el municipio expresa su oposición, la Agencia Sekuens solicitará informe a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

Disputa jurídica

No obstante, la ley ya señala explícitamente que "los proyectos no podrán asentarse en suelos no urbanizables de especial protección, ni suelos no urbanizables de costas salvo que el proyecto esté directamente vinculado a actividades marítimas". Este fue un añadido a la ley incorporado en el trámite de ponencia parlamentaria a propuesta de IU y con el apoyo del PSOE. En sí, podría servir para que el Principado frene el proyecto de Salave, pese a que los promotores de la mina han sostenido en diversas ocasiones que su iniciativa no contraviene la normativa vigente y que debería ser autorizada. En concreto, señalan que ya se formuló una posición favorable al proyecto en la declaración de impacto ambiental de 2012, en la que no se señalaban afecciones a la costa. La empresa defiendeque ninguna de sus instalaciones de superficie se encuentra en el ámbito costero, sino a tres kilómetros y tras un polígono industrial.

De todos modos, la tramitación como proyecto singular supone un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Políticamente, tanto PSOE como IU han expresado posturas contrarias a la implantación; también el PP, que gobierna en Tapia de Casariego. Pero la normativa obliga a una justificación jurídica clara y establece un marco temporal para las decisiones. En cierto modo, la tramitación por esta vía obliga al Gobierno a tomar una decisión que ha estado aplazando hasta ahora amparándose en la burocracia.

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